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Una nueva denuncia contra organizaciones políticas se dio a conocer ayer en nuestra ciudad, para sumarse a otras dos que investigan a dirigentes de estos movimientos acusados de “extorsión” y amenazas a beneficiarios de planes sociales. La tercera presentación que toma conocimiento público ahora fue realizada por el municipio contra agrupaciones que bajo intimidación reclamaron que se les otorgue determinados “montos” de dinero para la presunta realización de obras públicas.
Según pudo saber este diario, esta denuncia por amenazas fue efectuada por la Comuna luego de que el subsecretario a cargo de la ejecución del Fondo Educativo, Martiniano Ferrer Picado, fuera intimidado por representantes de organizaciones que administran cooperativas de trabajo para que “se les adjudique la realización de obras por 30 y 50 millones de pesos”, bajo la amenaza de que de lo contrario “habría quilombo”, conforme a lo informado por la Policía.
Según explicaron desde el Ejecutivo municipal a este diario, “la Comuna otorga a distintas cooperativas trabajos para reparar escuelas acordes a la capacidad de cada organización para llevarlos a cabo, además de que siempre que éstas tengan sus papeles en regla”. Y admitieron que en años anteriores no haber seguido este requisito motivó retrasos en los avances de obras así como observaciones por parte del Tribunal de Cuentas.
Y sobre el hecho puntual, describieron que éste se desarrolló en el marco de una movilización frente al palacio municipal en la que agrupaciones políticas reclamaban determinado monto “a cambio de que no haya quilombo”. La Policía informó a este diario que los montos en cuestión, según consta en la denuncia, eran 30.000.000 y 50.000.000 de pesos.
“Estas amenazas motivaron que el intendente, Julio Garro, decidiera radicar la denuncia en la comisaría primera, ya que en este municipio no realizamos acuerdos bajo circunstancias de coacción”, afirmaron desde la Comuna e indicaron que ahora esta investigación sigue su curso en la fiscalía Nº3, a cargo de Marcelo Martni.
Según indicó la Policía, las organizaciones políticas denunciadas son “La Falcone, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y el Movimiento Sin tierra”, entre otros.
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En tanto, ayer el intendente, Julio Garro, se refirió a las denuncias judiciales que vienen tomando estado público recientemente y pidió a los cooperativistas que prestan servicio para la Comuna que “si son víctimas de prácticas oscuras” por parte de coordinadores de cooperativas que le retienen dinero, “lo denuncien”.
Por otra parte, el director de la ONG “La Plata Solidaria”, Pablo Pérez, confirmó ayer que la próxima semana mantendrá una reunión con autoridades municipales, en el marco de la denuncia que radicó el martes en la fiscalía Nº6 de nuestra ciudad para que se investigue la presunta extorsión por parte de organizaciones sociales platenses a beneficiarios de planes otorgados por el Estado.
Además, anticipó que la semana próxima ampliará la denuncia con “más testigos y más pruebas” que la sustenten. Caso aparte, continúa detenida la acusada de “tentativa de extorsión” a cooperativistas, una causa iniciada en 2016.
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