La Fiscalía pedirá en el mes de julio la elevación a juicio de la causa contra Scioli

La UFI 11 de La Plata pediría el próximo mes de julio la elevación a juicio de la causa que se sigue contra el ex gobernador Daniel Scioli, ex funcionarios de la Provincia y empresarios por distintas irregularidades en su gestión, abierta a partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió.

El plazo es el estimado en los tribunales, donde se vienen cumpliendo las distintas etapas de la investigación que tiene varios frentes, desde la supuesta adjudicación irregular de obras de construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), las “facturas truchas” de la Jefatura de Gabinete y distintas maniobras en varios organismos.

En la denuncia que originó la causa, Carrió sostuvo que durante el gobierno de Scioli funcionarios “cajas negras” en organismos del Estado, como el Instituto de Loterías, IOMA, Absa y Jefatura de Gabinete, para el financiamiento político y enriquecimiento.

Entre los procesados, además del ex gobernador Scioli, están el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y otro ex funcionario de ese área, Walter Carbone, ambos sospechados por presuntas maniobras destinadas a “encubrir gastos”, que supondrían irregularidades en 25 hechos por 10.720.347 pesos en perjuicio de la administración pública.

Además, está procesado el ex titular de Absa, Guillermo Scarcella, sindicado por Carrió como “testaferro” del actual diputado nacional de Unidad Ciudadana.

El titular de la UFI 11 Alvaro Garganta todavía debe cumplir trámites antes de dar por cerrada la investigación. Por caso, debe tomar declaraciones relacionadas a este costado de la causa.

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La fiscalía dio por probado que Scarcella realizó 22 contratos irregulares por casi $63 millones que beneficiaron a un empresario con el que guardaba lazos comerciales. Concretamente, apunta a movimientos entre agosto de 2009 y diciembre de 2015, cuando la empresa del Estado bonaerense realizó sucesivos contratos para el alquiler de “equipos hidrojet” y camiones cisterna mediante licitaciones privadas.

La tercera gran pata de la investigación es la relacionada con las UPA, donde están procesados, además de Scioli, el ex ministro de Salud Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller, dueño de la constructora que se vio sospechosamente beneficiada con obras de construcción y refacción de esas unidades sanitarias por 189 millones de pesos.

Cumplidos esos últimos trámites, Garganta pedirá que la causa sea llevada a juicio oral, luego de lo cual, el juzgado debe dar traslado a las partes. A partir de ese momento, se abre una instancia para la presentación de recursos hasta la radicación en un tribunal de juicio oral.

En las próximas semanas, Garganta también avanzará con medidas relacionadas a otras de las patas principales de la causa, la que investiga si se cometieron ilícitos en IOMA con medicamentos e internaciones domiciliarias “truchas”.