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Por HÉCTOR PEREIRA
Los cuatro aumentos salariales decretados por el Ejecutivo venezolano en lo que va de año, equivalentes a un 1.038,21 %, se desvanecen hoy en las manos de los ciudadanos que cada día tienen menos poder adquisitivo debido, entre otras razones, a la hiperinflación y el control cambiario estatal.
Solo estas dos aristas de la actual crisis económica suponen un giro dramático a la hora de calcular los ingresos mínimos de los empleados, si se comparan los indicadores oficiales con los considerados ilegales pero que, en la práctica, son los que rigen casi la totalidad de la actividad económica en el país petrolero.
El jefe del Estado, Nicolás Maduro, anunció un incremento del 103 % al salario mínimo integral ubicándolo en 5.196.000 bolívares, lo que se traduce en 65 dólares si se toma como referencia la única tasa de cambio oficial, según la cual un dólar estadounidense cuesta 80.000 bolívares.
Sin embargo, en la actualidad la gran mayoría de los venezolanos no tiene acceso a esta tasa preferencial que el Estado -monopolizador de las divisas- asigna de forma discrecional.
En la práctica, comprar un kilo de carne o cinco pañales desechables, por poner dos ejemplos de gastos cotidianos para una familia, implica absorber todo ese salario mínimo.
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Durante el quinquenio en que ha gobernado Maduro se han puesto en funcionamiento al menos tres mecanismos de asignación de monedas extranjeras, todos de corta duración y que han sido insuficientes para saciar la demanda nacional tan en aumento como la sequía de divisas.
Esto ha abierto una brecha cada vez más amplia para la importación de productos con dólares del mercado paralelo cuyo precio es muy superior al llamado Sistema de Divisas Complementario (Dicom), única tasa que exhibe el Banco Central (BCV).
Entretanto, el Gobierno habla de una flexibilización cambiaria y, en este sentido, autorizó las operaciones a tres tasas de cambio que se ubicaron el precio del dólar en 2.200.000 bolívares, un valor 27 veces más alto que el estipulado por el ente emisor.
Estos operadores autorizados no están vendiendo ninguna moneda convertible pero sí están comprando dólares a la misma tasa con que liquidan las remesas que reciben desde el exterior.
El precio de compra en estos sitios es más cercano al del llamado dólar negro, que se impone en los anaqueles de todo el país muy a pesar del empeño del Ejecutivo por controlar los precios de la comida, los fármacos y de casi la totalidad de los productos y servicios. (EFE)
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