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Las zonas céntricas de las grandes ciudades y las principales vías camineras de nuestro país vienen sufriendo, con llamativa continuidad, las consecuencias caóticas propias que generan los cortes de calles causados por distintos tipos de protestas que utilizan a la vía pública como escenario de protesta.
En este sentido, se ha dicho en forma reiterada que nada debiera impedir -salvo la falta de sentido común- que los reclamos ante las autoridades puedan realizarse, sin que impidan por completo el libre tránsito de las personas por las calles.
Con sólo ocupar un carril y no la totalidad de la calzada, podrían compatibilizarse perfectamente ambos derechos constitucionales: el de peticionar ante las autoridades y el de garantizar la libre circulación.
En las últimas horas la Autopista La Plata-Buenos Aires se vio afectada, una vez más, por la realización de un corte llevado adelante por un grupo de personas, a la altura del kilómetro 13 en la mano que tiene dirección hacia nuestra ciudad.
Como el piquete se concretó a las 17, una de las horas pico para la salida de miles de vehículos de la capital federal, el viaje hacia ciudades como Avellaneda, Bernal, Quilmes, Berazategui y todas aquellas asentadas en nuestra zona se convirtió en un verdadero calvario.
El tránsito que había ingresado a la Autopista fue desviado por el Acceso Sudeste, de modo que el embotellamiento que se formó en la zona del llamado Triángulo de Bernal resultó ser de magnitud y tardó en ser despejado. La mayoría de los automovilistas que intentó tomar por la avenida Calchaquí se encontró con que una obra de repavimentación impedía ese acceso, de modo que algunos optaron seguir por calles interiores hacia la zona de Quilmes para retomar allí la Autopista, en maniobras erráticas y sin que ninguna autoridad policial o de tránsito informara a los conductores sobre cuál camino era el más conveniente.
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Todo da a entender, además, que las distintas autoridades con incumbencia en este tema han acentuado su tradicional e incomprensible permisividad en esta materia, actuando más como garantes del “piqueterismo” que del derecho a la libre circulación.
Debe insistirse en que no se pone en duda la alternativa de que distintos sectores sociales puedan ejercer el legítimo derecho de peticionar a las autoridades. Pero esos derechos no pueden ejercerse sobre la base de impedirle a la población el ejercicio pleno de sus facultades ciudadanas.
Son muchos, además, los riesgos latentes –inclusive se puede hablar de riesgos de vida- que pueden derivar de negarle a la gente llegar con facilidad a su destino.
Por otra parte, las calles fueron concebidas y existen para que la gente circule libremente por ellas, sin tener que pedir permiso ni tener que rendir tributo a nadie.
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