Una nueva usurpación de terrenos reabre el conflicto en un predio de Abasto

El barrio Nuevo Abasto, surgido en 2015 a partir de una toma de un predio particular de más de 50 hectáreas, vuelve a ser escenario de conflicto, a partir de la denuncia de que ocupantes desconocidos que no pertenecen a los preadjudicatarios censados, se encuentran usurpando unos 190 de sus lotes. Según afirman, la situación provoca el entorpecimiento de un proyecto de urbanización del gobierno nacional y motivó un pedido de intervención judicial del municipio, la Fiscalía de Estado y el Concejo Deliberante.

Según pudo saber este medio, desconocidos iniciaron una suerte de “ocupación” de lotes ubicados entre las calles 213 a 217 y 520 a 529 que el gobierno provincial ya asignó a familias que los habían tomado hace tres años y que se convirtieron en preadjudicatarias a partir de la expropiación que realizó la Legislatura en 2015 para poner fin a lo que en ese momento fue una toma ilegal del predio, un trámite que aún se encuentra en proceso.

Las tierras que en ese momento pertenecían a una empresa particular fueron objeto de un proyecto del gobierno nacional con ejecución municipal conocido como “Nuevo Abasto” y consiste en la urbanización de ese asentamiento asignado a casi mil familias para llevar distintos tipos de servicios, desde alumbrado público y trazado de calles hasta obras hidráulicas y la construcción de una plaza y que cuenta en este momento con un incipiente nivel de avance.

Pero en los últimos días, los adjudicatarios que habían sido censados por el Instituto de Tierra y Vivienda de la Provincia para hacer uso del espacio conforme a la ley que facilita ese mecanismo de acceso al hábitat, presentaron en la comisaría séptima un nutrido número de denuncias de “patotas” que los han desplazado de sus casas en construcción y que –afirman- han “tomado” casi 200 lotes con métodos violentos e intimidaciones.

La dimensión del conflicto en ese barrio periférico de la Ciudad condujo a que la municipalidad radique una denuncia como particular damnificada en la fiscalía N 17, a cargo de Ana Di Lorenzo, y que la Fiscalía de Estado haga lo propio en el juzgado de Garantías N 2, conducido por Jorge Moya Panisello. Incluso, un proyecto de resolución presentado en el Concejo Deliberante por el oficialista Raúl Abraham para habilitar la rápida intervención comunal en el conflicto fue aprobado la semana pasada por unanimidad de las fuerzas políticas

Desde la secretaría de Seguridad municipal, que interviene junto con el área de Desarrollo Social, explicaron que los usurpadores “impiden el desarrollo de las obras que se pretenden ejecutar en el lugar para urbanizar el barrio” y que se encuentran a la espera de la actuación judicial. Consultados sobre quiénes se encuentran realizando una toma de esas dimensiones, dijeron no tener “precisiones”, aunque advirtieron: “Realizamos las presentaciones, incluso en el Concejo Deliberante, porque entendemos que lo que denuncian los vecinos es verdad y los vamos a respaldar porque están allí amparados por una ley”.

LE PUEDE INTERESAR

La Bolsa sigue en picada y perdió otro 2,85 % en medio de nuevas ventas de inversores extranjeros

LE PUEDE INTERESAR

El aumento de los combustibles de Shell es de entre 9 y 11 por ciento

CON VIOLENCIA

El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Ramiro Berdesegar, identificado como uno de los delegados de asamblea de ocupantes de ese barrio, dijo ayer a EL DÍA que los niveles de violencia de los “intrusos” alcanzó el punto de que “una patota que pretendió echar al adjudicatario de un lote lo atacó con tal brutalidad que debió permanecer internado cuatro días con fractura de cráneo”, al tiempo que generalizó: “Están intimidando a todos los vecinos”.

Berdesegar afirmó además que “detrás de estas personas, que se encuentran organizadas hay dirigentes políticos”, aunque no mencionó nombres. En la misma línea opinó el concejal radical Raúl Abraham: “Está claro que detrás de esto hay una mafia porque el nivel de organización de estas personas no es algo espontáneo”, y acusó: “Lo que buscan es impedir el desarrollo de un predio por parte del Estado. Este punto es claro, por eso todas las fuerzas políticas del Concejo Deliberante apoyaron mi resolución para que la Comuna intervenga rápidamente”.

Nucleados en una asamblea, los vecinos del lugar anticiparon que hoy realizarán una movilización frente a las fiscalías de 7 y 56 para reclamar la pronta intervención de la justicia.

ANTECEDENTES POLÉMICOS

El predio de unas 50 hectáreas ubicado en 213 y 529 y que hasta hace tres años perteneció a la firma Texlen , se convirtió en uno de los 170 asentamientos que rodean la periferia platense y que se convirtió en fuente de polémica cuando en 2015 se intentó su desalojo por parte de la Justicia. La tensión con los usurpadores de ese momento llegó a tal punto que mostró respaldos políticos incluso contrarios a la ley, como el del actualmente suspendido juez en lo Contencioso Luis Arias.

El conflicto se destrabó cuando el ex vicegobernador Gabriel Mariotto impulsó en la Legislatura bonaerense la expropiación de las tierras, una norma que se votó por unanimidad y cuyo trámite todavía se encuentra en proceso. En ese marco, desde el Ejecutivo provincial realizaron tres censos por los que preadjudicaron los loteos a más de 900 familias que, tras el cumplimiento de un convenio de urbanización se volverían poseedoras de las tierras.

Actualmente, en el lugar viven 200 de esas familias, mientras el resto se encuentra instalándose con distintos niveles de avance y calidad de las viviendas, que van desde prefabricadas a casas de ladrillo. Estos ocupantes legitimados por la ley y que originalmente tomaron el predio de forma ilegal son los que ahora denuncian la irrupción de desconocidos que amenazan el proyecto por el que el gobierno nacional busca urbanizar y terminar de legalizar su situación. “Tienen un título preadjucatario tramitado de forma legal”, señalan en la Comuna e insisten con que la movida de “echarlos” por parte de estas patotas se envuelve en un “trasfondo político”.