Ninguna protesta debe expresarse con cortes totales de calles

Miles de pasajeros de colectivos y de conductores de vehículos volvieron a padecer anteayer una jornada caótica, a raíz de una movilización realizada por organizaciones sociales que realizaron un piquete sobre entrada a la Autopista La Plata-Buenos Aires, que duró seis horas y se tradujo no sólo en un bloqueo de esa vía caminera sino en un verdadero laberinto vial, a partir de la búsqueda de caminos alternativos por parte de los automovilistas.

Tal como se informó en este diario, el corte comenzó a las 9 y a partir allí los conductores buscaron afanosamente ingresar a la autopista por otros itinerarios, eligiéndose preferentemente la subida por Villa Elisa lo que se tradujo en un verdadero embotellamiento del camino Centenario. Al mismo tiempo, aquellos que venían desde capital federal fueron desviados en el kilómetro 31 hacia el Ramal Gutiérrez. La situación se tradujo en congestionamientos y demoras en las vías alternativas, provocando, también la sobrecarga del camino Belgrano.

Los organizadores de la protesta dijeron que manifestaban de esa manera en reclamo de incrementos salariales y, asimismo, por los niveles de pobreza y desocupación que imperan la región. De todos modos, volvió a quedar expuesto en la Ciudad el manifiesto desdén de algunos sectores hacia el respeto irrestricto que se le debe al espacio público, reflejado en la multiplicidad de cortes de calles causados en distintos puntos por grupos que buscan ese método para traducir sus protestas. Básicamente, la mayoría de los perjudicados por esas movilizaciones son, también, trabajadores y por cierto, con mucho mayor número que los que les impiden el paso.

Se ha dicho siempre desde estas columnas, con todas las administraciones que se sucedieron en las últimas décadas, que los caminos y calles existen desde siempre para que la gente circule con entera libertad por ello, sin que nadie pueda ni deba arrogarse el derecho de impedirlo. Se ha enfatizado, en forma reiterada, que nada - salvo la falta de sentido común- debiera impedir que los reclamos ante las autoridades puedan realizarse, sin que restrinjan por completo el libre tránsito por las calles.

Con sólo ocupar un carril y no la totalidad de la calzada, podrían visibilizarse las protestas y volver compatibles, perfectamente, ambos derechos: el de peticionar ante las autoridades y el de poder ejercer el derecho de la libre circulación. Así ocurre en los países en donde rige un armónico equilibrio entre los derechos sociales y los individuales, sobre la base de que ambos deben ser respetados en plenitud.

Tanto las autoridades locales, como provinciales y nacionales parecen ignorar estos principios y, en consecuencia, ni siquiera existe un tipo de orden mínimo que pueda atenuar las consecuencias propias de los cortes, que suelen derivar en incidentes cuando se enfrentan los derechos individuales con los sociales. Es el Estado, entonces, el que debe garantizar la plena vigencia de ambos.

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Debe insistirse en que no se pone en duda la alternativa de que distintos sectores sociales puedan ejercer el legítimo derecho de peticionar a las autoridades. Pero esos derechos no pueden ejercerse sobre la base de impedirle a la población el ejercicio pleno de sus facultades ciudadanas. Tampoco pueden soslayarse los enormes riesgos que pueden sobrevenir, a partir de un cierre compulsivo de calles.