Berni le quitó a los intendentes del PJ el manejo de fondos para seguridad

“Terminó transformando a los municipios en concesionarias de autos”. La amarga queja se viene escuchando en varios distritos del Conurbano gobernados por el oficialismo y remite a la derrota política que acaban de sufrir los intendentes a manos del gobierno provincial y, en particular, del ministro Sergio Berni.

Se trata de un capítulo más de la larga historia de desencuentros entre los alcaldes y el titular de la cartera de Seguridad, esta vez, por el manejo de fondos que por la gestión de un grupo de jefes comunales la Casa Rosada resolvió a girar a la Provincia en medio del clamor ciudadano por el aumento del delito.

El filón se traduce en 10 mil millones de pesos que los 24 intendentes de la Primera y Tercera sección electoral pensaban manejar a discreción y que, en principio, querían destinar a la compra de móviles municipales, el equipamiento de sus centros de monitoreo y la adquisición de más cámaras.

Claro que la gestión vino precedida de una picardía política que la Gobernación no dejó pasar. La administración de Axel Kicillof había sido cuidadosamente salteada en esa negociación con la intención de que los recursos nacionales no pasaran por la aduana de la Provincia. Y, de tal forma, la comunas se aseguraran el uso discrecional de esos recursos.

Una reducida delegación de alcaldes había ido a reunirse hace varias semanas con el Presidente y allí habría surgido el compromiso oficial.

Dicen que Berni montó en cólera cuando se enteró de la jugada de los intendentes. El malestar habría sido mayor porque aquella gestión reservada coincidió con el aislamiento obligatorio que estaba realizando el ministro por haber contraído coronavirus.

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Cuentan que Kicillof se enteró de la movida y horas después fue la Rosada. El mandatario se aseguró en ese cónclave que la Provincia sería la jurisdicción que resolviera la forma en que se repartirían los fondos, cuánto le tocaría a cada distrito y a qué podrían destinarse.

Así, el Ejecutivo bonaerense resolvió que el 25 por ciento de los 10 mil millones quedará para la administración provincial y el 75 por ciento restante para las comunas.

Esa distribución debería ser festejada por los alcaldes, pero existe un detalle: Berni se encargó de definir que el 80 por ciento de esos 7.500 millones deben ser dirigidos por los intendentes para la compra de patrulleros con destino a la Bonaerense. De ahí, la queja de que el ministro “transformó a los municipios en concesionarias de autos” porque serán los gobiernos locales los encargados de licitar la compra de los móviles.

De esta manera los alcaldes, que se preparaban para manejar 10.000 millones de pesos, deberán contentarse con apenas 1.500.

Pero Berni y el Ejecutivo bonaerense se encargaron de algo más: definir cómo deberán estar orientados los gastos de ese remanente de 1.500 millones. El convenio que los intendentes tendrán que firmar con la Provincia establece que “se aplicará a la adquisición de otros equipamientos de seguridad tales como chalecos antibalas, cámaras de seguridad, tecnología y analítica aplicada y punto seguro con botón antipánico, entre otros”. Y como para que no quede un punto gris respecto del uso de esos recursos, se establece que “en ningún caso podrán aplicarse los fondos transferidos para financiar gastos en haberes, viáticos y movilidad”.

MONTOS

Este jueves, en Berazategui, los intendentes peronistas del Conurbano analizaron el tema bajo el imperio del hecho consumado. Incluso circularon los montos aproximados que recibirían las comunas para la adquisición de equipos e insumos que en su mayor parte irán a parar a la Bonaerense porque el ministro de Seguridad, con la idea de centralizar el funcionamiento de la fuerza, resolvió archivar para siempre el proyecto de la Policías locales al que se habían abrazado los alcaldes como forma de tener injerencia en el manejo de la seguridad en sus distritos. Es otro de los motivos de fricción entre los intendentes y el ministro.

Por caso, al tope de la lista, La Matanza recibiría cerca de 1.500 millones de pesos de aquél total de 7.500 millones y Lomas de Zamora, poco más de 400 millones. En el caso de las comunas gobernadas por la oposición, Vicente López embolsaría unos 170 millones y San Isidro, poco menos de 200 millones de pesos.