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América Latina es la región del mundo más afectada por la “infodemia”, la epidemia de noticias falsas sobre la COVID-19 que puede incrementar la desconfianza en las instituciones y debilitar el cumplimiento de las medidas para enfrentar a la enfermedad.
Las cifras son abrumadoras. El Observatorio de Infodemics COVID-19 de la Fundación Bruno Kessler recoge que, de 83 países bajo estudio, los 15 en los que la fiabilidad de las informaciones sobre la enfermedad difundidas a través de medios digitales es más baja se encuentran en la región, donde tan sólo el 59 por ciento de lo que allí se publica puede ser considerado “confiable”. En países como Perú y Venezuela la proporción de noticias confiables alcanza un dramático 25 por ciento, es decir que sólo uno de cada cuatro tuits, responde a criterios de validación, corroboración de evidencia o con origen en una fuente rigurosa y fiable.
Esas cifras forman parte del último informe “Graph for thought: Donde la pandemia se encuentra con la infodemia” realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un análisis estadístico orientado a la reflexión en donde se ve cómo la región, uno de los epicentros globales de la COVID-19, es también epicentro global de la “infodemia”.
“Aquí hay elementos importantes: baja confianza en los Gobiernos; alta capacidad de difundir información porque el costo ha bajado gracias a la tecnología; y niveles muy altos de incertidumbre que llevan a usar la información disponible. La conjugación de esto hace difundir gran cantidad de información y hace difícil filtrar entre qué es confiable y correcto y qué no”, dijo Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD. Los datos que analizó el organismo internacional, basados en casi 520 millones de tuits, constatan que “hay una enorme cantidad de información” no confiable que los latinoamericanos reciben.
Esta situación de hecho genera un grave problema a la hora de atender una situación como la pandemia de la COVID-19, pues el elemento central para su control es “el comportamiento individual”.
“Y el comportamiento individual responde a los incentivos, reglas y costos de información disponible, y en ese sentido, la política pública es fundamental, pues la respuesta de los Gobiernos a la COVID-19 es intentar inducir cierto tipo de comportamientos...Pero si te dicen que tomes esto, o hagas lo otro sin que la gente sepa si es confiable o no la información que recibe pues se inducen otros comportamientos”, apuntó López-Calva.
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“Y no es tanto porque haya un esfuerzo deliberado por difundir esa información errónea, sino porque es muy fácil recibirla. Y por eso cada vez es más importante hacer ejercicios de verificación y que la gente acuda a fuentes confiables”, anotó el funcionario de la ONU.
López-Calva indicó, sin embargo, que si bien el estudio no permite concluir si este flujo de información es deliberado, si es necesario e importante “analizar patrones” y ver “de dónde viene esa información sistemáticamente errónea, y cual puede ser la motivación detrás de su generación y persistente difusión”.
“Puede haber cosas normativas, o creencias religiosas, esa puede ser una motivación. Y otra puede ser para deliberadamente debilitar las políticas públicas o a ciertas instituciones. Es todo posible. Por eso es importante saber de dónde viene la información errónea y entender sus motivaciones”, indicó.
En ese sentido, el responsable del PNUD indicó que sea cual sea la motivación, hay mecanismos para contrarrestar esta difusión incluso cuando se den esfuerzos “por desinformar”.
“Si tenemos una política sistemática de control de calidad, y eventualmente regulaciones, podremos darle una mejor noción a las personas sobre la calidad de la información que están recibiendo. Y hay motivos para pensar que se puede hacer algo porque ya hay logros en ese campo”, indicó con esperanza.
Así, López-Calva indicó que lo que hay que hacer es “insistir en que la evidencia científica, lo mas rigurosa posible, debe ser la base para tomar decisiones” con respecto al virus, y que “aquellas piezas de información que no estén validadas o sean razonablemente rigurosas, es mejor desecharla”.
“Y ese es un mensaje sistemático que debemos impulsar. Hay que trabajar con instancias que hacen pública la información, como Twitter, Facebook y otros que hagan posible que información obviamente errónea no se difunda. Los medios tienen un papel de responsabilidad muy importante de filtrar o calificar informaciones para que la gente pueda decidir y validar cuál se sostiene en evidencia, y cuál no”, indicó.
Sin embargo, para el funcionario de Naciones Unidas, este filtro no debe llevar en ningún caso a evitar el debate sobre estos temas, algo que es improcedente en democracia.
“El trabajo será en dos frentes: con aquellos que difunden y quieren llevar información claramente no validada, para insistir en su responsabilidad política con los ciudadanos, y con la intervención proactiva en los debates con argumentos y evidencia para elevar la calidad del debate público”, señaló el funcionario.
Particularmente, en América Latina ese debate es importante, pues en la región es “un riesgo muy alto la desconfianza” hacia los Gobiernos, en un momento muy difícil “en dónde hay tentaciones de debilitar los controles democráticos”.
“Las medidas rápidas de respuesta a la covid requieren decisiones de arriba a abajo, con menos deliberación. Pero en cuanto las personas vean resultados y sean partícipes del debate público que llevan a la resolución de problemas, la legitimidad puede recobrarse”, añadió.
Consensuar medidas con los afectados y hacer que la ciudadanía sienta una respuesta efectiva a la crisis permitirá una recuperación de la confianza.
“Mucha transparencia e inclusión en los debates sobre las medias que son razonables, que ayuden a estar seguros en la salida de la crisis de salud y en la económica”, culminó el director regional del PNUD. (Alvaro Mellizo, EFE)
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