Son inadmisibles los actos de justicia por mano propia

No existen dudas de que el Estado debe retener incumbencias sobre áreas institucionales básicas, que son indelegables y cuyo manejo le concierne en forma excluyente. Una de esas áreas, hoy jaqueada por una violencia delictiva irrefrenable, es la de seguridad y lo cierto es que en ella se vienen sucediendo episodios en los que vecinos enfurecidos intentan linchar a delincuentes que atrapan infraganti o que, inclusive, fueron buscados primero y detenidos por patrullas vecinales.

Lo cierto que en las que en las últimas décadas se viene presentando en nuestro país un fenómeno singular, consistente en que el Estado ha concluido por privatizar en la práctica funciones esenciales de gobierno. Más allá de que algunas delegaciones pudieron responder a sanciones legales o resoluciones administrativas, el poder público perdió gravitación en el área –muy sensible- de seguridad. Sin embargo, la tendencia ha resultado ser tan fuerte que, ahora, quiere ir más allá y también la Justicia está empezando a verse privatizada de hecho.

Así, a la larga lista de asaltos en sus modalidades callejeras, en casas o comercios, se va oponiendo la acción de no pocas víctimas y testigos que reaccionan ante el delito y deciden aplicar la sanción en forma instantánea, sin esperar la presencia policial y la acción de la justicia. Ayer, en nuestra ciudad, luego de conocerse advertencias acerca de vecinos que se están armando en la zona del cordón hortícola platense, pobladores de El Mondongo le aplicaron una golpiza a un joven supuestamente implicado en el intento de robo de una moto. La reacción vecinal quedó grabada en un video en donde las imágenes permiten observar cómo fue duramente golpeado el joven con puntapiés y trompadas, hasta que llegó la policía y se detuvo el castigo.

Sólo en nuestra zona, en las últimas jornadas hubieron casos similares, con reacciones similares por parte de los vecinos, en Villa Elvira, Los Hornos, Villa Ponsati y Abasto. Pero episodios terribles, con desenlaces trágicos y dramáticos, se reiteraron en todo el país en los tiempos. Cabe consignar que los linchamientos no son sólo de ahora, sino que se remontan a varios años atrás. También algunos especialistas aludieron a la influencia que ejercen las redes sociales, ya que a través de ellos se entrelazan los futuros participantes en estos actos.

Es verdad que al estado de desamparo que sufren muchos vecindarios se suma, asimismo, el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos delincuentes, pero ello no implica en modo alguno abonar la teoría de la justicia por mano propia, inapta para sociedades que pretenden vivir bajo un orden legal.

También es cierto que las autoridades con incumbencia en el tema no pueden soslayar que la inseguridad viene recrudeciendo en nuestra zona, a través de una sucesión de robos, asaltos violentos, disputas territoriales entre bandas, propagación del narcotráfico y por otros episodios de similar gravedad y repercusión social, en una situación que viene generando justificados reclamos vecinales en distintos sectores. Y en la solución de este grave problema deberán volcar todos los esfuerzos y recursos disponibles.

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Ya se advirtió varias veces en esta columna que son cada vez más las personas y grupos vecinales que se resisten al accionar de los delincuentes, pero que además deciden atacarlos buscando así hacer justicia por mano propia, llegándose a veces, cuando el intento de robo ya había sido conjurado, al extremo de matarlos o de herirlos gravemente. En ocasiones, ni siquiera se trata de las víctimas directas del delito, sino de vecinos que deciden impulsar ese tipo de represalias. Algunas veces fue muerta a golpes una persona que, por lo que se comprobó después, era inocente del delito que le imputaban.

Llegar a suponer que cualquier habitante se encuentra autorizado para golpear, herir o matar a presuntos delincuentes, constituye un grave desvío y una ilicitud penada por la ley. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes. Le incumbe al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad la tarea de velar por la vigencia de las normas legales.