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Referentes del Ministerio de Salud señalaron además que “será gratuita”, se utilizará “primero en los grupos de riesgo” y “se pretende que sea obligatoria”
La vacuna rusa, conocida como Sputnik V, se halla aún en investigación
Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el lunes la decisión del gobierno argentino de comprar 10 millones de dosis de la vacuna experimental rusa contra el COVID para contar con ellas en diciembre, referentes del ministerio de Salud salieron aclarar ayer que se las aplicará de “manera gratuita, “una vez aprobadas” y “primero a los grupos de riesgos”; pero también que su aplicación sería “obligatoria por una cuestión de salud pública y solidaridad”.
Todas las vacunas contra el coronavirus “que estamos evaluando comprar se encuentran en fase III, no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información”, afirmó ayer la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien aclaró además que “no se están salteando pasos para las aprobaciones”.
“Esto viene a partir de un ofrecimiento directo a nuestro gobierno para contar en diciembre y en enero con una cantidad de dosis muy interesante”, señaló por su parte la asesora presidencial Cecilia Nicolini, otra de las funcionarias enviadas a Rusia para negociar la operación, quien comentó que la aplicación de las vacunas será “de acceso gratuito para toda la población” y su distribución “va a ser equitativa, con una visión federal” que priorice “a los grupos de riesgo, al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad”.
Pero sin dudas la aclaración más resonante con respecto a la vacuna experimental rusa la hizo ayer el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, al reconocer que “se pretende que sea obligatoria por una cuestión de salud pública, por solidaridad”.
“La vacuna es obligatoria” porque “así lo establece la ley que ha votado el Congreso”, dijo Medina al comentar que confía sin embargo que “la población rápidamente va a querer vacunarse”.
“Confiamos más en la persuasión y la comunicación, no tenemos interés en hacer algo persecutorio”, comentó.
“Se pretende que sea obligatoria por cuestión de salud pública, por solidaridad. En la medida en que logremos una amplia inmunidad, evitamos también la difusión del virus, y por supuesto evitamos que las personas de riesgo utilicen los sistemas de salud y ocupen todas las camas”, manifestó el secretario de Calidad en Salud.
Medina comentó también que “en el caso de que alguien no se la quiera aplicar, todos los que nos apliquemos la vacuna, de alguna manera lo vamos a proteger también porque vamos a estar generando un escudo para que se le haga más difícil al virus entrar. Después evaluaremos si resultan ser un riesgo para la salud pública las personas que no se apliquen la vacuna y cuando tengamos una evaluación clara veremos qué medidas se van a tomar”, concluyó.
“Hasta el momento no tenemos ningún contrato firmado. Hemos dialogado con muchos productores porque siempre supimos que se iba a tratar de un mix, que no había un único productor con capacidad de abastecer a todo el mundo”, aclaró ayer el ministro de Salud, Ginés González García, en una rueda de prensa virtual.
En la actualidad, Argentina tiene negociaciones avanzadas con tres laboratorios: AstraZeneca, Pfizer y Janssen, a los que en los últimos días se sumó la oferta de la vacuna rusa Sputnik V; además el país forma parte de la estrategia mundial denominada Covax para la adquisición de la vacuna de manera conjunta.
“En el Covax existía la posibilidad de pagar más de nueve millones de vacunas para poder elegir y nosotros optamos por esta estrategia; se estima que estas vacunas estarían llegando hacia fin de febrero o principio de marzo”, describió el ministro.
Al ser consultada Vizzotti acerca de los procesos de aprobación, la funcionaria indicó que “algunos laboratorios como AstraZeneca van entregando sus resultados en tiempos real, eso favorece el proceso porque los entes regulatorios pueden ir sumando evidencia y en caso de que en algún momento consideren que ya tienen suficiente, ya sea porque la vacuna sirve o porque no, pueden tomar decisiones”.
La funcionaria recordó que “en Argentina la máxima autoridad es el ANMAT y tiene facultad de tomar decisiones sin depender de ningún organismo extranjero”, no obstante recordó que “todas las vacunas que estamos evaluando comprar se encuentran en fase III” y que “no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información”.
“Los laboratorios presentan los resultados de los ensayos clínicos a los entes reguladores en confidencialidad, no es necesario que estén publicados en una revista científica”, indicó.
Y enfatizó que “la pandemia ha acelerado todos los procesos pero no se están salteando pasos para las aprobaciones, de modo que cada producto deberá cumplir con todos los parámetros técnicos que las entidades regulatorias indiquen”.
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