La discusión será sobre los ingresos de los sindicatos

Dos temas de fundamental importancia serán tratados en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional en el mes de febrero. A pesar de la trascendencia del proyecto de ley sobre los glaciares, seguramente el que se refiere a la legislación laboral concentrará la atención de los dirigentes políticos y de los gremiales. El tratamiento de este último asunto promete elevar la temperatura ya alcanzada durante la discusión del Presupuesto, tanto por lo que oficialismo y oposición ponen en juego como por lo que pueda ocurrir en las calles, donde la CGT y los grupos de izquierda anticipan resistencia. Pero además, la oposición buscaría poner en discusión el DNU que regula el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultando a sus agentes, entre otras novedades, a detener personas en situación de flagrancia.

La pulseada excede los tecnicismos de la llamada “modernización laboral” y su eventual impacto sobre el empleo. Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich, junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, encabezan gestiones para evitar que el debate derive en posiciones irreductibles. Tras el traspié inicial, el oficialismo incorporó una dosis de pragmatismo al advertir que los mejores números parlamentarios obtenidos en octubre no alcanzan sin consensos, especialmente con los gobernadores.

Ese giro incluyó a Bullrich y dejó más aislado a Federico Sturzenegger, uno de los artífices del proyecto y el menos dispuesto a modificarlo. El objetivo de una parte del Gobierno es mostrarse dialoguista sin alterar la esencia de la reforma, que considera resistida más como una bandera política del sindicalismo, el peronismo duro y la izquierda que por sus contenidos concretos.Buscan evitar que los cambios laborales vuelvan a convertirse en el disparador de una protesta que unifique a la oposición bajo el pretexto de la defensa de derechos sociales.

Los números

En los despachos oficiales predomina la confianza. Los números cerrarían en el Senado, donde el bloque oficialista cuenta con 21 legisladores, a los que se sumarían los 10 de la UCR, los 3 del PRO y los provinciales más cercanos, con los que alcanzaría los 37 senadores necesarios para el quórum y la habilitación del debate en el recinto.

En paralelo, en el Gobierno describen un cuadro que reflejaría la pérdida de capacidad de presión del sindicalismo. Según datos citados por Dante Sica, hoy existen 5,5 millones de trabajadores informales frente a 6 millones de formales, de los cuales menos del 30 por ciento está sindicalizado.

En los despachos oficiales predomina la confianza. Los números cerrarían en el Senado

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La reforma propone, entre otros puntos, la reducción de aportes patronales, un nuevo sistema de indemnizaciones a través del Fondo de Asistencia Laboral, la ampliación del período de prueba, cambios en jornadas y vacaciones, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos -que habilitaría la primacía de acuerdos por empresa sobre las negociaciones por actividad-, limitaciones al derecho de huelga y beneficios fiscales para las empresas.

Huelga y cuota solidaria

Para la dirigencia sindical, el derecho de huelga es intocable y apelan al artículo 14 bis de la Constitución para sostener su inalterabilidad, desconociendo que los derechos no son absolutos y son susceptibles de reglamentación, cuando entran en colisión con otros derechos como por ejemplo el derecho a la salud y a la educación. También rechazan la eliminación de la cuota solidaria y el FAL, que –sostienen- desfinanciaría el sistema previsional.

La incógnita pasa ahora por la reacción del peronismo no kirchnerista, en especial de los legisladores que responden a gobernadores dialoguistas y que resultaron decisivos para la aprobación del Presupuesto 2026. Su comportamiento frente a la reforma laboral terminará de definir si el oficialismo logra convertir su ventaja parlamentaria en poder efectivo.

En ese escenario, el dato más elocuente no es solo la audacia del oficialismo, sino la respuesta apagada de la oposición. Fragmentada, sin una estrategia común y atrapada entre la negociación y el cálculo electoral, la resistencia a la reforma aparece más declamativa que efectiva. Esa tibieza es, hoy, uno de los principales activos del Gobierno para avanzar sin pagar costos inmediatos.