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Alberto F. avanza con el aborto, las retenciones y la reforma judicial, pero no quiere una escalada verbal con la Iglesia y el campo. El impacto por la irrupción del Covid-19
El coronavirus entró de lleno en la agenda política / Télam
Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
Alberto F. no es un rupturista, ni de los que reaccionan con la fórmula de redoblar la apuesta. El estilo de liderazgo que pretende imprimirle a la Presidencia de la Nación apela a formas más alfonsinistas –en la línea del diálogo y el respeto por la institucionalidad- pero, a la vez, a un pragmatismo propio del peronismo para alcanzar objetivos políticos y de gestión. El rostro amable y el tono sereno pueden mutar en instrucciones descarnadas y en una inocultable lógica de poder.
Tras bambalinas, una muestra de ese estilo presidencial se viene desarrollando en torno al proyecto para legalizar el aborto. El Gobierno espera un natural endurecimiento de la Iglesia contra la iniciativa –este mismo domingo se harán escuchar voces críticas desde la Basílica de Luján-, pero Alberto F. pidió a sus funcionarios que no salgan a confrontar con los obispos.
Aunque al mismo tiempo, el mensaje que la Casa Rosada hace llegar a los diputados y senadores del oficialismo suena como una advertencia política: “El que vota en contra del proyecto, vota en contra del Presidente”, fue la frase que escucharon varios legisladores del Frente de Todos, sobre todo los asentados en la Cámara alta, el cuerpo más refractario a la iniciativa. El propio jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, podría verse en apuros por ese emplazamiento.
El Gobierno busca evitar el desgaste que le provocaría una extensión del debate del aborto a lo largo del año. Teme que el propio Papa Francisco se involucre en el debate e influya sobre los legisladores. Entonces, el tratamiento del proyecto será mucho más veloz que lo esperado. El modelo a imitar sería el del recorte al régimen previsional de los jueces y diplomáticos. Ese proyecto será sancionado el jueves por el Senado luego de sólo cuatro jornadas parlamentarias.
En la Cámara que preside Cristina Kirchner las sospechas están a la orden del día. Las miradas están puestas en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales prevista para el martes. En el temario figura un proyecto del senador Guillermo Snopek (PJ) para que se decrete la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy. La oposición cree que busca facilitar la liberación de Milagro Sala, enemiga declarada del gobernador radical Gerardo Morales.
En el kirchnerismo dicen que no quieren llegar a tanto; sólo amplificar las denuncias que Snopek realiza de los presuntos manejos de Morales sobre la Justicia de la provincia norteña. Pero la amenaza de intervención federal está latente y no contribuye a disipar las dudas sobre un intento de copar la Justicia por parte del oficialismo.
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De hecho, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, el radical Luis Naidenoff, sostiene que detrás del proyecto para recortar las “jubilaciones de privilegio” de los jueces se esconde la supuesta intención del Gobierno de “cubrir las vacantes” que provoque la reforma, que serán numerosas según advierten las asociaciones de magistrados. Así, el fantasma de las subrogancias que aplicó masivamente Cristina en 2014 vuelve a agitar el debate político.
La controversia está atravesada por hechos de alto impacto, como la reciente liberación de Julio de Vido. La sensación de que los jueces se manejan de acuerdo a un calendario político y no a los procesos que marcan los códigos permea en una sociedad que no le otorga credibilidad al Poder Judicial. Sin embargo, a De Vido todavía le espera la ratificación de una condena a 5 años y 6 meses de prisión por la tragedia de Once.
El ex ministro de Planificación es una presencia molesta para el Gobierno. A tal punto, que el funcionario Fernando “Chino” Navarro le sugirió que se llame a silencio. Y el Congreso nacional del PJ que sesionó en Ferro emitió un documento en el que habló de “detenciones arbitrarias” y no de “presos políticos”, una caracterización que irrita a Alberto F. porque remite a la última dictadura.
El encuentro del máximo órgano del peronismo dejó otras perlitas: la interna entre el sanjuanino José Luis Gioja y el chaqueño Jorge Capitanich por la presidencia del PJ; la expulsión de Miguel Pichetto del partido en Río Negro; y la proyección del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; como el hombre de Alberto F. dentro del peronismo, posiblemente como candidato hacia las elecciones legislativas de 2021 en la decisiva provincia de Buenos Aires.
Pero el dato político partidario lo aportó el regreso del peronismo cordobés a la estructura oficial del PJ tras nueve años de ausencia. Antes, el Gobierno nacional envió a la provincia mediterránea más de 450 millones de pesos para financiar la Caja de Jubilaciones. No obstante, la renovada sintonía se ve enturbiada por el nuevo conflicto con el campo, con el cual el gobernador Juan Schiaretti mantiene una alianza estratégica.
El Gobierno nacional ratificó la suba de tres puntos porcentuales a las retenciones de la soja (de 30% a 33%) pero lo hizo en forma segmentada, de todo tal que los productores medianos y pequeños reciban compensaciones. Por eso el paro de comercialización que se desarrollará entre mañana y el jueves no contará con la presencia institucional de la Federación Agraria, pero sí de las otras tres organizaciones que integran la Mesa de Enlace.
La mala instrumentación que se hizo en el pasado del sistema de compensaciones, más las declaraciones provocadoras de dirigentes como el senador kirchnerista Oscar Parrilli y el activista social Juan Grabois, provocaron una suerte de “deja vu” respecto de aquel enorme conflicto de 2008, cuando el propio Alberto F. salió eyectado de la Jefatura de Gabinete. La misma lógica bélica siguió la CRA al advertir, en un documento, que “nos veremos en las rutas”.
El Presidente no quiere una escalada verbal con las organizaciones del campo. Tampoco respondió a las declaraciones altisonantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por el posicionamiento ideológico del Frente de Todos. Todo lo contrario: le envió señales de acercamiento, primero con Daniel Scioli y en los últimos días a través de Sergio Massa. El jefe de Diputados se llevó del Palacio del Planalto un compromiso de Bolsonaro para interceder ante Donald Trump en favor de la reestructuración de la deuda externa argentina. Ya se sabe que el visto bueno del presidente norteamericano sería fundamental.
Por consejo del ministro de Economía, Martín Guzmán, Alberto F. ya tiene a la firma un decreto que precisará el monto de la deuda a reestructurar: unos 70.000 millones de dólares. La publicación del decreto implicará al Congreso, que lo tendrá que avalar. Guzmán mantuvo en los últimos días varias reuniones con bonistas privados y con la misión del FMI. Según trascendió, a ninguno de ellos adelantó la propuesta que hará la Argentina a sus acreedores.
Esa falta de definiciones impactó en los mercados: los bonos soberanos cayeron en torno al 10% y quedaron a tiro de los fondos buitre. La conmoción que a nivel mundial provoca el coronavirus tampoco ayuda a superar el tramo más crítico para la economía argentina.
El Gobierno, que descansa en la experiencia del ministro de Salud, Ginés González García, pareció subestimar inicialmente la dimensión del asunto. El viernes al mediodía informó que había solo dos casos y al caer la tarde tuvo que reconocer otros seis. Suelta la información a cuentagotas, para no generar pánico en la sociedad. Pero ayer se confirmó la primera muerte por coronavirus en el país.
Al parecer, las declaraciones juradas en el aeropuerto de Ezeiza no impidieron el ingreso del temido Covid-19. Ahora, tendrán que extremarse las medidas para que el virus no provoque contagios autóctonos.
Todos los sectores deberán colaborar. También los trabajadores de la Sanidad que estaban a punto de convocar a un paro en reclamo de aumentos salariales. No sería éste el momento oportuno.
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