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Aun en una democracia establecida hace más de doscientos años y en un país desarrollado como Estados Unidos la nueva corriente denominada como “populista” puede generar hechos de violencia para evitar la alternancia del poder, desconociendo el veredicto de las urnas. Trump hizo todos los intentos posibles para impedir el reconocimiento legal del triunfo de su oponente, Joe Biden, pero chocó con la Justicia que rechazó todas sus denuncias, como hicieron hasta jueces que fueron propuestos por sus partidarios. También tropezó con líderes oficialistas que no se prestaron al intento de modificar el resultado de las elecciones.
El propio vicepresidente, Mike Pence, que lo acompañó en todas las actitudes, se negó rotundamente a llevar a cabo algún acto para desconocer el veredicto de las urnas como lo exigió Trump. Lo mismo hicieron líderes en el Congreso que habían votado todas sus iniciativas. La incondicionalidad no existió.
En realidad el asalto al edificio del Congreso en Estados Unidos fue la coronación de las actitudes autoritarias que el presidente manifestó durante su mandato. Claramente llegó a considerarse un “salvador” de su país despreciando a los adversarios políticos y atacó constantemente a los periodistas y medios que hicieran alguna crítica. Paralelamente alentó a grupos racistas violentos cuyas acciones trató de ignorar y alguna vez hasta justificó.
Debe reconocerse que contaba con el apoyo de casi la mitad de la ciudadanía, a la que convocaba a sus actos a los que daba un tono agresivo como no se tiene memoria que ocurriera en una campaña electoral en Estados Unidos. La coronación de sus actitudes fue el llamado a sus partidarios a manifestarse al edificio del Congreso para evitar el reconocimiento del triunfo de su oponente, denunciando un fraude mediante el cual habría sido robada su victoria.
Con el sistema vigente de los Estados Unidos en cada provincia se designan delegados que expresan su apoyo a un candidato o a otro y luego eligen al presidente. Los comicios en cada jurisdicción son supervisados por los gobiernos de cada estado y en ese sentido corresponde subrayar que aún en jurisdicciones gobernadas por miembros de su partido se convalidaron los resultados de los comicios a pesar de las fuertes presiones de Trump. Ayer mismo se conoció el resultado de los comicios para elegir dos senadores nacionales en Georgia, un estado en el que gobernaron los republicanos durante décadas y en donde se impusieron los candidatos del Partido Demócrata. Trump, que fue vencido en la elección presidencial y denunció que su derrota era consecuencia del fraude, se envolvió en la campaña que terminó en el triunfo de sus adversarios. Tal vez eso indique el comienzo de una sana reacción de la ciudadanía ante los excesos del presidente.
Lo cierto es que algunos ciudadanos y el periodismo alertaron los últimos días sobre lo que podría ocurrir. Por ejemplo el prestigioso diario New York Times publicó un artículo donde afirmaba que en la Casa Blanca estaba actuando un insurgente. Por su parte, ex funcionarios de ambos partidos firmaron una carta en la que denunciaban que Donald Trump podría intentar impedir la ceremonia en el Congreso de confirmación de la designación del presidente Joe Biden. La misiva fue firmada, entre otros, por dos ex jefes de Defensa de Trump. Vale la pena repetir que la plena vigencia de la división de poderes posibilitó que la Justicia no aceptara reclamos del presidente y en varios casos las sentencias provinieron de magistrados propuestos por su propio partido. El respeto a la Constitución de los líderes de su partido también impidió que el presidente llevara a cabo maniobras pergeñadas para desconocer la voluntad de la ciudadanía aún cuando Trump seguía gozando de importante apoyo popular, según encuestas realizadas los últimos días, lo que en otras latitudes llevaría a la incondicionalidad de los funcionarios que recibieron el apoyo del presidente en elecciones en las que pudieron influir la adhesión a Trump.
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Cabe desear que este sea el final del intolerante enfrentamiento que el gobierno fomentó en Estados Unidos y que el respeto a las instituciones, entre ellas los partidos políticos, siga vigente en plenitud.
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