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Frederic redobla la apuesta: secuestrará autos y controlará a quienes se movilizaron en avión

Frederic redobla la apuesta: secuestrará autos y controlará a quienes se movilizaron en avión
25 de Mayo de 2021 | 08:57

Tras la polémica que encendieron sus declaraciones sobre que no iba a permitirle el regreso a quienes se fueron de vacaciones durante el fin de semana extra largo, en medio de las restricciones, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, redobló hoy la apuesta. La funcionaria dijo que además de no permitirles el retorno a sus ciudades de origen las personas serán imputadas y puestas a disposición de un juez penal, que hasta podrá ordenar el secuestro del vehículo. Incluso afirmó que controlará a quienes viajaron en avión.

En diálogo con una radio porteña Frederic sostuvo que “si no son trabajadores esenciales y vuelven de un lugar que no es su domicilio, de mínima van a estar imputados. Incluso puede haber secuestro de automóviles, pero eso va a depender del juez”. Por otro lado advirtió que posiblemente todas las personas que colmaron las salidas de la Ciudad de Buenos Aires un día antes de entrar en vigencia el nuevo DNU intentarán retornar a sus domicilios entre hoy y mañana.

Es por eso que en los controles pedirán los permisos para corroborar que se trate de trabajadores esenciales, pero además preguntarán de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. En ese sentido la ministra dijo: “Si vienen desde su domicilio y es esencial, no hay problema. Si esto no sucede, bueno, ahí van a tener un inconveniente”.

Pero eso no fue todo porque también confirmó que aquellos que lleguen en vuelos provenientes de ciudades del interior del país. En este caso, precisó que deberán justificar el motivo de su viaje. Cabe destacar que los vuelos están permitidos sólo para trabajadores esenciales, por lo que las salidas turísticas fueron prohibidas y hasta deshabilitadas en la aplicación Cuidar.

Cabe recordar que ayer Frederic confirmó que “los que se fueron de vacaciones el fin de semana no van a poder volver" y recordó que el decreto presidencial que dispuso un cierre por nueve días (del 22 al 30 de mayo) “prohíbe el turismo, a pesar de los feriados, por lo que le transmitimos a la gente que debe quedarse en su casa y no debe viajar”.

En la misma línea se expresó el secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba: “Es muy clara la restricción. Implica que quienes se fueron lejos de su domicilio o tomaron acciones de turismo el fin de semana no van a poder regresar hasta el momento establecido en el decreto”, ratificó, para después remarcar que “la gente que se fue tiene que volver cuando cese el decreto, la idea de la restricción es que la gente no se mueva de su domicilio”. Lo cierto es que el viernes (antes del inicio del confinamiento estricto) pudo verse un intenso movimiento de tráfico con destino hacia la Costa Altántica. Y fue común asistir a un paisaje de peajes y autopistas como la Panamericana colapsadas, con vehículos circulando a paso de hombre.

Frente a ese escenario, Frederic reforzó que “quienes se fueron tendrán que quedarse donde están hasta que finalicen estos nueve días, que es el lunes 31 de mayo a las 6 de la mañana”. Una medida que cosechó fuertes cuestionamientos por parte de constitucionalistas como Daniel Sabsay, que la tachó como “un castigo arbitrario que viola groseramente el principio de legalidad y el de tipicidad. Está creando una contravención a través de una resolución administrativa que por el momento ni siquiera ha sido publicada”. Para Sabsay, esta decisión “nos acerca a la posición de un monarca que crea per se un delito o una contravención y luego desconociendo las más mínimas garantías sanciona”.

En tanto, el constitucionalista Félix Lonigro explicó que “la decisión constituye una restricción al derecho de circular y al derecho de usar la propiedad. Las limitaciones a los derechos están constitucionalmente aceptadas en la medida que sean hechas por ley y que sean razonables (es decir, que no alteren irrazonablemente el derecho limitado)”, pero, al tratarse de un decreto, “se debe juzgar la razonabilidad de la medida”, a la que calificó como “inconstitucional, no solo por la falta de ley sino porque hay una irrazonable restricción a los derechos mencionados, ya que es arbitrario impedir que un sujeto pueda volver a su casa”.

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