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Pasó a los juzgados de San Isidro y recaería en el magistrado de turno esa noche. La decisión de Casanello sorprendió en la Rosada, que apuesta a una “conciliación”
Alberto Fernández
Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
Pese a los intentos del Gobierno por apaciguar el escándalo por el festejo de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, la Justicia dio otro paso para mantenerlo en el candelero: el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir investigando y decidió enviar el expediente a la justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción territorial sobre la residencia presidencial. La resolución sorprendió al Ejecutivo que confiaba en una rápida “conciliación” –con la donación de la mitad de cuatro sueldos del Presidente al Instituto Malbrán como eventual resarcimiento- con la fiscalía hasta ayer interviniente.
La exesposa de Nisman, Arroyo Salgado, había pedido copia del expediente
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Ahora resta definir cuál de los dos magistrados de este distrito se quedarán con la causa. En principio se especuló con que la misma podría recaer en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Alberto Nisman que días atrás había pedido copia de lo actuado por tramitar un caso similar, lo que había despertado cierta “inquietud” en el oficialismo por tratarse de una magistrada que, según la mirada oficial, no garantizaría “ecuanimidad”. Por eso anoche fuentes involucradas en el litigio deslizaban que el expediente podría recaer en el otro juez federal del distrito, Lino Mirabelli, que habría estado “en turno” durante la noche de aquél 14 julio de 2020 cuando la primera dama celebró su cumpleaños con Alberto Fernández y unos 9 invitados aunque estaban prohibidas las reuniones sociales por un DNU presidencial.
Pese a la sorpresiva resolución de Casanello, en el Gobierno intentaron quitarle trascendencia al tema. Para un vocero consultado “la búsqueda de una conciliación sigue vigente: entendemos que no se modifica la estrategia con este cambio que es por tema de competencia” territorial. En el oficialismo reconocían que el fiscal de Comodoro Py, Ramiro González, ya había aceptado un acuerdo de este tipo en una causa abierta contra el ex diputado Facundo Moyano, denunciado por incumplir el confinamiento en 2020.
Lo cierto es que ayer Casanello se declaró incompetente como respuesta a un planteo realizado por la defensa de Stefanía Domínguez, una de las invitadas al festejo de Olivos, que pedía la inconstitucionalidad del DNU firmado por Alberto Fernández que implementaba la cuarentena en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA). El magistrado no resolvió la cuestión de fondo de esta normativa al entender que debe hacerlo la Justicia de San Isidro, con competencia en el asunto.
El abogado de la joven de 31 años es el mediático Mauricio D’Alessandro, quien había advertido sobre la supuesta inconstitucionalidad del decreto que invocaba dos artículos del Código Penal para castigar a los incumplidores del confinamiento. En diálogo con este diario, el letrado aseguró que “tomamos muy bien la noticia. Tampoco preocupaba ya que estábamos cómodos en Comodo Py ya que como este DNU es inconstitucional poco importa quien lo vaya a resolver”.
En caso de confirmarse la competencia de Mirabelli, el fiscal que podría comandar la investigación es Fernando Domínguez, el mismo que tuvo a su cargo la pesquisa por los asesinatos de dos colombianos en el estacionamiento del Unicenter Shopping, en 2008.
D ´Alessandro, actual concejal de Tandil y patrocinante en distintas causas mediáticas, reconoció que el cambio de juzgado en una causa sensible pone en alerta a la Casa Rosada. “Esperaban resolverlo rápido. Hay que ver si hay voluntad del nuevo fiscal de ir a una concilación como se pensaba que tenía González”, puntualizó el representante legal de Domínguez. La joven trabaja en el Consejo de la Magistratura de la capital e integraba el grupo de amigas de Yañez que se conoció hace varios años en un grupo de teatro.
Es que en medio de la campaña electoral, el Presidente había intentado ponerle fin a una controversia que terminó afectando su imagen, de acuerdo a varios sondeos de opinión. Al considerar que no había cometido un ilícito, “por tratarse de un delito en abstracto” porque, según conjeturó, no hubo contagios de coronavirus entre los asistentes al festejo, buscó un acuerdo con la fiscalía para quedar liberado de la investigación.
La causa había comenzado hace un mes a partir de una denuncia formulada por la agrupación “Jóvenes Republicanos” al conocerse los lista con los nombres de quienes ingresaron a Olivos en pleno confinamiento pero que cobró otro volumen político una vez conocida la foto del festejo, que expuso la presencia del jefe de Estado.
Con las imágenes y los videos del cumpleaños de la primera dama viralizados por redes sociales, el fiscal González pidió información sobre las nueve personas que estaban allí: quién los autorizó a ingresar y qué documentación tenían para circular hasta la quinta presidencial. Ahora se espera que se confirme la competencia del nuevo juzgado y, a partir de allí, qué medidas de prueba decidirán los funcionarios competentes.
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