Presupuesto: acuerdo casi cerrado y un interrogante por despejar

Ambas cámaras legislativas están convocadas para mañana, a la espera de que alumbre el acuerdo final por el Presupuesto bonaerense que está al caer. En las últimas horas hubo un fuerte avance con la definición de un aspecto clave: el fondo que venían reclamando los intendentes de la oposición para hacer obras e inversiones en materia de seguridad. Si bien resta la redacción final de algunos de los artículos que se incorporarán, asoma concreta la posibilidad de que esta semana Axel Kicillof pueda contar con esa ley clave para su gestión.

Luego de varios tironeos, finalmente el Gobierno bonaerense accedió a incluir un fondo para obras y seguridad por 57.500 millones de pesos que será distribuido entre todos los distritos. Pero además, como anticipara este diario, apareció otra cifra mágica que oficiará de compensación por la inflación de este año que superó todas las previsiones. Se trata de unos 2.500 millones de pesos que, con formato de Adelantos del Tesoro Provincial (ATP), se distribuirán entre las comunas gobernadas por Juntos por el Cambio.

Otra parte el acuerdo tiene que ver con la forma en que se concretarán los desembolsos de ese fondo: un 30 por ciento se concretará en marzo y un 10 por ciento adicional con el inicio de las obras. El resto, a medida que avancen los trabajos.

Este es un reaseguro político que la oposición se encargó de incluir en el proyecto. Básicamente, porque pesó, y fuerte, el antecedente de este año. Los intendentes opositores pusieron el grito en el cielo porque denunciaron que Kicillof les cerró el grifo en relación a los recursos que les debían llegar por el Fondo de Infraestructura (FIM). Ahora, para el año que viene que tiene el agregado de ser electoral, exigieron asegurarse al menos el 40 por ciento de los recursos antes de los comicios.

Esa fue una de las condiciones centrales, más allá del monto del Fondo, que operó en la negociación por impulso de los alcaldes radicales y del PRO.

Existe otro asunto importante que, en parte supone un desafío a Sergio Berni. Parte del acuerdo contempla que los intendentes puedan hacer uso de los fondos para seguridad con una mayor dosis de discrecionalidad. En el último fondo, el ministro impuso una serie de restricciones a los intendentes y ordenó orientar el gasto hacia determinadas erogaciones.

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Ahora, los jefes comunales podrán usar parte de los recursos, por ejemplo, para comprar cámaras de seguridad, uno de los caballitos de batalla de los distritos en medio del creciente reclamo por la inseguridad.

Existe, pese a lo avanzado del acuerdo, una aspecto pendiente en medio de la negociación que es tangencial al Presupuesto aunque también determinante: la definición del Código Unico de Distribución (CUD).

Se trata del mecanismo que define la Provincia para repartir entre los 135 municipios la coparticipación. Los porcentajes que corresponden a cada uno de los distritos ya debería estar definido, dicen en la oposición. “Entre junio y julio se publican en el Boletín Oficial para que los intendentes tengan el dato certero de lo que recibirán en forma automática para calcular sus presupuestos”, señalan en Juntos.

La oposición quiere certezas sobre la coparticipación que recibirán las comunas

“Si no muestran el CUD no hay sesión”, le dijo a este diario uno de los legisladores que participa de la negociación con sus pares del Frente de Todos.

La prevención tiene que ver con que pudiera existir algún recorte de recursos para los distritos opositores que compense lo que ganaron en la negociación por el FIM y la suma de los ATP.

Los intendentes opositores también venían reclamando que la Provincia saldara deudas que mantenían algunos organismos, en particular el IOMA. Como para ir encaminando la negociación, el gobierno bonaerense comenzó hace algunas semanas a saldar parte de esas obligaciones.

SIN INTERFERENCIAS

Pese a que en algún momento de la negociación el Frente de Todos planteó incluir en el acuerdo del Presupuesto y la ley Impositiva el polémico proyecto de reforma a la ley jubilatoria del Banco Provincia, el cerrado rechazo del PRO a cambiar esa norma sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal terminó abortando esa posibilidad.

En medio de ese debate, la Suprema Corte había planteado a los legisladores una reforma a esa norma para evitar tener que resolver su inconstitucionalidad.

El nudo del problema tiene que ver con el cálculo de las jubilaciones, que ahora se definen según la fórmula de la Anses y se desengancharon de la paritaria bancaria. Si bien el radicalismo se mostraba permeable a hacer esta modificación, el rechazo del PRO frenó el acuerdo. También pesó que el Frente de Todos pretendía prácticamente dar por tierra con la ley Vidal. Ahora el tema quedará para marzo. Quizás también para ese mes quede el fallo de la Corte.