Se tensa la pelea y se vienen más protestas piqueteras

Volvió a crecer la tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales: ahora desde la Rosada suspendieron el pago del salario social complementario de noviembre previsto para ayer, confirmaron la “validación digital” de cada uno de los beneficiarios del Potenciar Trabajo en pos de mayor “transparencia” y organizaron un acto con intendentes del Conurbano para darles más poder en el manejo del mega plan social. En respuesta a esta avanzada, los líderes de las agrupaciones de izquierda se movilizan hoy frente a la sede de Desarrollo Social y las oficialistas llevarán a cabo una jornada nacional de protesta mañana con epicentro en el Obelisco.

La semana pasada había finalizado con un impasse en el conflicto luego que Alberto Fernández recibiera a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social pero también referente del Movimiento Evita, intentando desescalar la disputa originada por el pedido de baja de planes al haberse encontrado diversas incompatibilidades en las auditorías que lleva adelante la cartera conducida por Victoria Tolosa Paz.

Pero ayer todo se volvió a tensionar luego los titulares del Potenciar Trabajo, más de 1.300.000 personas, no recibieran en sus cuentas el depósito correspondiente a las tareas realizadas durante noviembre. “La ministra incumplió su primer compromiso cuando dijo que se iba a cobrar en tiempo y forma el 5 de diciembre”, dijo hacia el mediodía un dirigente de la oficialista Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que unas horas después confirmaba la “jornada nacional” de mañana con asambleas en todo el país y con “epicentro en el Obelisco” a las 10 para exigir al Gobierno “que dejen de ajustarle a los que menos tienen y cumplan con el fortalecimiento de la economía popular”.

Esa central viene rechazando las auditorías de planes y el intento del Ejecutivo de desenganchar el aumento del salario social complementario de la evolución del haber mínimo. Aunque se creó por decreto el Consejo de la Economía Popular para debatir la denominada “paritaria social”, entre otras cuestiones del sector, sostienen que la enmienda buscaría achicar los gastos del Estado.

Quieren cobrar

En tanto, las agrupaciones de izquierda enroladas en Unidad Piquetera llevarán a cabo hoy a las 11 un “piquetazo” frente a la sede de Desarrollo Social para pedir el cobro urgente del ingreso de los cooperativistas y también el pago de un “bono de emergencia” que contemple la inflación del 100% registrada durante el corriente.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, dijo a este diario que “quienes trabajaron quieren cobrar y no hay certezas. Están desesperadas las compañeras porque contaban con esa plata. Y si no pagan el miércoles después viene el fin de semana largo”.

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Otras movilizaciones

A la histórica cartera ubicada de avenida 9 de Julio y Moreno movilizaron ayer los gremios de la CTA Autónoma y organizaciones como la CCC en rechazo, a lo que consideran, “las políticas de ajuste” del Gobierno y en reclamo de “de un aumento de emergencia para todos los trabajadores, formales e informales, activos y pasivos, y un bono de fin de año”.

Luego los manifestantes se dirigieron al ministerio de Economía, frente a la Casa Rosada. El titular de la central gremial, Hugo “Cachorro” Godoy, señaló que “estamos aquí para decirle al ministro Massa y al presidente Alberto Fernández que cuando asumieron, se comprometieron a empezar por los de abajo, por los que menos tienen ¿Qué pasa hoy que a tres años del inicio del gobierno, cuando se supone que debe reconocer el esfuerzo de millones de argentinos que enfrentamos la pandemia, que luchamos contra el macrismo, que peleamos contra el hambre; y en vez de eso, nos meten la mano en el bolsillo?”.

Por la tarde, el jefe de Estado le dio un respaldo político a Tolosa Paz, fuertemente cuestionada por los referentes sociales oficialistas. La subió al escenario montado en el Museo del Bicentenario en el que, ante la mirada atenta de una treintena de intendentes del GBA, anunció más recursos para las “unidades productivas” que manejan los jefes comunales y, de alguna manera, compiten con las sólidas estructuras que tienen desde hace años las agrupaciones sociales. Se trata de un refuerzo alimentario de unos $3 mil millones y la transferencia de unos $700 millones destinada a la compra de herramientas y máquinas de los cooperativistas.

Al respecto, el intendente Alberto Descalzo (Ituzaingó), presente en el acto, contó a este medio que “es un refuerzo al financiamiento de las unidades productivas pensando en la demanda de diciembre. Siempre estamos presentes en la asistencia a hogares más humildes, a los que incluso entregamos cajas navideñas. Es importante porque, aunque hoy no se vive esta tensión en el Conurbano, siempre que llega diciembre no olvidamos lo que ocurrió durante ese mes en el 2001”.

Desde hace años los jefes comunales rivalizan con los dirigentes sociales por la administración distrital de la ayuda social. Y ahora defienden las auditorías que lleva adelante el Gobierno para encontrar presuntas incompatibilidades en el cobro de los beneficios.

Para Silvia Saravia es sabido que el Gobierno quiere dar más poder a los intendentes en el manejode los planes: “Es lo que vienen intentando hace rato. El problema es que mucha gente no quiere trabajar con ellos porque sólo se acuerdan de los vecinos cuando hay elecciones y después los dejan en banda”.