No habría cambios en los bloques del oficialismo

El efecto revulsivo del portazo que pegó Máximo Kirchner en el Congreso no tendría, en principio, un correlato en los bloques oficialistas de la Legislatura. La idea que impera por estas horas en el Frente de Todos es que las cosas sigan como están, con la premisa de neutralizar un eventual efecto arrastre que pudiera profundizar una crisis que el oficialismo pugna para que no contamine, en lo posible, el escenario bonaerense.

Esa primera decisión de aislar el conflicto quedaría facilitada por una geografía política propicia para mantener el status quo. En Diputados, la férrea alianza entre Máximo y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, controla los principales resortes de poder a través de Federico Otermín (titular de la Cámara baja) y César Valicenti (titular de la bancada). Y por lo que trascendió en las últimas horas, no existe intención de modificar ese reparto de poder.

“En Diputados no va a cambiar nada. Y además Valicenti, si bien integra La Cámpora, tiene un perfil bien dialoguista”, señalan quienes conocen la entretela del poder interno K.

Tampoco se cree que la sonora salida del hijo de la vicepresidenta vaya a impactar en el Senado donde la presidenta de la bancada es Teresa García, una ex funcionaria de Axel Kicillof que responde a Cristina Kirchner.

El primer dato político de peso es que Máximo Kirchner pretendería que su gesto político, en principio, quedara acotado a su salida de la presidencia del bloque nacional. Por eso se habla de que en la Legislatura esa decisión que tiene que ver con la negociación del Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional no acusaría impacto.

EL CASO DEL PJ

Tampoco surgirían novedades en torno de la presidencia del PJ bonaerense que ostenta desde fines del año pasado el diputado nacional. Sería otro de los cercos políticos que La Cámpora y los intendentes del PJ aliados a Máximo montarán para conservar el control del partido.

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Existe otro factor que acaso ayude a descomprimir el clima político generado por el portazo de Máximo. Y tiene que ver con el largo receso que abraza a la Legislatura y que se extenderá hasta la primera semana de marzo.

César Valicenti

No existe en el Parlamento bonaerense la premura de hacer reunir a ambas cámaras como en el caso del Congreso. Recién reabrirá las puertas la Legislatura para recibir a Axel Kicillof y su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 2 marzo. Luego, se conocerá, al menos Diputados, para la semana posterior para abordar una serie de temas enviados por el Ejecutivo y otros asuntos no menos espinosos como el juicio político que impulsa el Frente de Todos contra el Procurador Julio Conte Grand.

Uno de los temas que requerirá la vuelta al trabajo del Parlamento provincial es el pedido del Gobernador para que ratifique la adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal nacional.

Otro asunto polémico y que viene siendo rechazado por los trabajadores, es la transformación del Instituto Biológico en una sociedad del Estado. También, la autorización para que se avance en la construcción de cárceles modulares.

Teresa García

Otro de los temas en danza es la cobertura de cargos en distintos organismos. Por caso, se deberá completar la integración del Consejo de la Magistratura (el organismo encargado de seleccionar jueces), ya que los tres representantes de la Cámara baja (Sandra París, Jorge Donofrio y Facundo Tignanelli) terminaron mandato. Se habla de que uno de los nombres que propondrá el peronismo es el de Mariano Cascallares. También deberán cubrirse espacios en el cuerpo encargado de iniciar jurys a magistrados y en la bicameral de seguimiento de las emergencias.

Con la premura de avanzar con el proceso de juicio político a Conte Grand -el funcionario designado durante la administración de María Eugenia Vidal y que está en la mira del kirchnerismo-, el Frente de Todos buscará avanzar en la primera semana de marzo con la constitución de las comisiones.

Como no tiene el número para forzar un tratamiento exprés en el recinto, el pedido de juicio político transitará por comisiones. La aspiración del oficialismo es crear un cuerpo especial de trabajo que tendrá seis meses para producir acusación sobre Conte Grand para que luego el Senado avance con la destitución.

Sin embargo, el Frente de Todos no tiene número para desplazar a Conte Grand. En primera instancia, no cuenta con los dos tercios en Diputados para aprobar la acusación. Y tampoco en el Senado junta las manos necesarias para forzar la salida del alto funcionario.