Dura advertencia sobre el crecimiento del hambre en países de América y el Caribe

La advertencia formulada en las últimas horas por cinco organizaciones internacionales, acerca de que se alejan las expectativas de erradicar en 2030 el hambre en el mundo -tal como lo impulsa uno de los objetivos propuestos por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)-, poniéndose de relieve que en los dos años pasados más de 4 millones de personas la padecieron en América y el Caribe, constituye una dramática referencia que, por lo pronto, obliga a que los Estados nacionales incrementen los planes asistenciales, sin perjuicio de las medidas de desarrollo económico integral que deban impulsarse.

“Esperábamos ya haber salido de la crisis del Covid-19, pero la pandemia sigue ahí”, agravada por los conflictos y otras emergencias humanitarias, afirmó el director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“En 2021 padecían hambre entre 702 y 828 millones de personas”, es decir, un 9,8 por ciento de la población mundial, indicaron en un informe conjunto la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), la Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta cifra implica que hubo 46 millones de personas más con hambre respecto a 2020, cuando la situación ya se había degradado por la pandemia de Covid.

Según se enfatizó, el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030, como proyectaba la ONU con su Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS-2 “Hambre Cero”.

Semejante panorama obliga a que en nuestro país se acentúen aquellos programas de ayuda y concientización que son necesarios para garantizar una mayor eficacia en los planes alimentarios y de apoyo a las entidades que prestan servicios solidarios.

Las distintas administraciones del Estado debieran revisar a fondo y, en su caso, aplicar los cambios necesarios en sus programas alimentarios y en los de apoyo a entidades de bien público que ofrecen un servicio solidario de tanta trascendencia. Se sabe que no son pocas –y que ahora están creciendo- las franjas sociales en las que las comidas diarias de las familias dependen de asistencias como los comedores comunitarios, la copa de leche y otros. Esa ayuda debe intensificarse para evitar, entre otras calamidades, la desnutrición infantil.

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En los últimos días falleció en nuestra ciudad la mujer conocida como “la abuela de las armas”, una benefactora que no sólo buscó desarmar a la población adquiriendo de su bolsillo armas de fuego que podían estar en manos de adolescentes o de personas con antecedentes ante la Justicia, sino que se ocupó también de bregar contra el hambre que sufrían muchos sectores carenciados.

Así, se convirtió en una incansable promotora de un proyecto legislativo denominado “la ley del buen samaritano”, que establecería el marco sanitario para permitir las donaciones por parte de los supermercados y restaurantes de los excedentes de alimentos: “Todos los días hay supermercados y restaurantes que desechan frutas y verduras por una cuestión estética, pero que sirven aún”, decía en una entrevista con este diario. La famosa ley, sin embargo, nunca pasó de ser un proyecto hasta ahora.

Es imperativo que desde las esferas públicas –sean municipales, provinciales o nacionales- y también desde las privadas se contemple esta situación y que se actúe en consecuencia. Los organismos estatales públicos poseen suficientes recursos, mecanismos y vías de llegada a la sociedad –a veces desaprovechados- y todos ellos debieran ser utilizados con estos fines. Se está, sin dudas, ante situaciones ciertamente dramáticas, que imponen al Estado la obligación de ofrecer respuestas rápidas y eficaces.