PJ bonaerense: juntada y respaldo, pero sin marcha

El consejo del Partido Justicialista bonaerense resolvió ayer convocar a un congreso partidario para el próximo 3 de septiembre en Merlo en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien será invitada a encabezar ese encuentro. Pese a lo que había trascendido en la previa al cónclave, finalmente no se decidió avanzar con la realización de una marcha para el 17 de octubre.

El PJ, en una reunión que se llevó a cabo en n uestra ciudad, se juntó con el objetivo de emitir un respaldo a Fernández de Kirchner ante el juicio que se le sigue en la causa por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

El congreso del 3 de septiembre se llevará a cabo en la quinta La Colonial, en el Parque Municipal “Néstor Kirchner” de Merlo, con horario a definir, informó el intendente en uso de licencia Gustavo Menéndez.

El encuentro en La Plata estuvo encabezado por el diputado nacional y titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, quien arribó pasadas las 13 a la sede partidaria ubicada en la calle 54, entre 7 y 8.

La reunión informal se hizo en medio del “clima de hostigamiento y persecución donde se repite el recurso de acusar de corrupción sin pruebas y avanzar en juicios plagados de irregularidades, que luego se amplifican a través de los medios de comunicación que defienden intereses contrarios a los de las mayorías populares”, señaló el PJ en un comunicado.

EXPRESION

“Los militantes se quieren expresar ante el avasallamiento de la justicia y un sector de la política y los medios hacia Cristina”, manifestaron de forma unánime los más de 70 consejeros que asistieron, y que fueron quienes motorizaron la reunión.

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En relación a la situación de la vicepresidenta, Máximo Kirchner expresó “Un día puede ser una persona, otro día puede ser otra. Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata si van o no por una persona sino por lo que representan esas personas”, enfatizó, según se informó a través de un comunicado.

En cuanto al Poder Judicial, el dirigente planteó que “incluso, se animan a administrar el Estado”.

“Parte de los problemas que tiene hoy la Argentina, como explicaban la otra vez en una conferencia, data de que, por ejemplo, un sector del Poder Judicial habilitaba importaciones por más de 1.500 millones, 1.800 millones de dólares. Entonces empiezan a ocupar ya no el lugar que tienen lógicamente en un sistema republicano como el nuestro, sino que administran el Estado, dicen qué se puede importar y qué no, y de esa forma causan perjuicio en las arcas”, manifestó.

El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, había afirmado al ingresar al encuentro que “hay que centralizar el estado de movilización en el que está la gente”.

“Hay que defender no sólo a Cristina Fernández de Kirchner, sino al peronismo y a la democracia. Hay millones de compañeros movilizados para defender este atropello de la Justicia”, subrayó.

En el mismo tono, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, señaló que “esta es una causa que no tiene ningún sustento jurídico”.

“Los abogados de Cristina están trabajando con la seguridad de que esto es imposible de sostener”, subrayó Alak.

A su turno, el senador bonaerense y secretario general del gremio de los Canillitas, Omar Plaini, afirmó que “el pueblo está movilizado en contra de esta atrocidad, de esta persecución política y sistemática en contra de nuestra líder natural”.

En tanto, la mesa nacional del PJ también se reunió y se declaró en estado de “alerta y movilización”, mientras se evalúa la fecha y modalidad de una manifestación en apoyo a Fernández Kirchner luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera una pena en su contra de 12 años de prisión.

En tanto, militantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos se reunieron ayer en manifestaciones convocadas en distintos puntos del país y mantuvieron una vigilia frente a la casa de la vicepresidenta para reclamar una “reforma judicial” y denunciar la “persecución judicial” y el “intento de proscripción” a la ex jefa de Estado, acusada en el juicio de la obra pública.