Recortes en el Estado, entre rechazos y silencios

Tímidamente, el ajuste en los gastos con el que el ministro de Economía, Sergio Massa, avanza sobre áreas como Educación, Salud, Transporte, Desarrollo Territorial y Hábitat empieza a chocar con la resistencia de algunos gremios.

Más silenciosas, sin el estrépito que supo cundir en gestiones anteriores, las voces de sindicatos como la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) -todos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT)- comenzaron a levantarse contra el recorte de 50.000 millones de pesos que Economía resolvió para la cartera educativa nacional y que, en principio, alcanza a tres programas: Conectar Igualdad, el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, y la inversión en infraestructura y equipamiento.

Contra ese “tijeretazo”, gremios de la CGT avanzan en una huelga todavía sin fecha definida, pero que, en consonancia con el Día del Maestro (que cae un domingo), podría concretarse el lunes 12 de septiembre.

CTERA, el sindicato más representativo del país, rechazó el “ajuste”, pero sin anunciar medidas de fuerza.

También Sadop, que representa a los docentes de escuelas privadas, manifestó su “total desacuerdo” a la poda presupuestaria y se declaró en “estado de alerta y movilización”.

Universidades

En el ámbito universitario las posiciones resultan más dispares. Solo los profesores de la Conadu Histórica y la CTA Autónoma convocaron a un paro de 48 horas para hoy y mañana contra el recorte en Educación y en desacuerdo con el último acuerdo salarial.

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La huelga no se sentirá en las facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) porque no adhiere Conadu, que sin embargo emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo al recorte presupuestario en Educación”.

No obstante, no hubo hasta el momento precisiones sobre el impacto que la mentada quita de recursos podría tener en las universidades. Quizá a eso se deba el silencio de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), que presiden La Cámpora y Patria Grande y que hasta ahora no se ha manifestado públicamente sobre los recortes.

Sí empezaban a escucharse voces de alarma en algunas facultades, que vienen haciendo “malabares” con el presupuesto 2021 prorrogado: “Estamos con la lengua fuera, expectantes y preocupados por lo que se pueda venir”, admitió un decano consultado por este diario.

Desde el Rectorado dijeron: “Hasta ahora nada de lo anunciado tiene que ver con el sistema universitario. No hay nada para decir ni sembrar preocupación hasta tanto no surja algo que afecte a la Universidad. Veremos qué pasa cuando se apruebe la Ley de Presupuesto”.

Salud y discapacidad

Junto con Educación, otra área sensible que Massa puso en la mira para reducir el gasto del Estado en unos $128.000 millones fue Salud, que se quedará sin $10.000 millones. El recorte no afectaría a los programas de discapacidad, según aclararon en Economía luego de las protestas que surgieron en todo el país ante un eventual recorte en las prestaciones.

Los reclamos se activaron tras la difusión de un borrador con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establecía cambios en las prestaciones. En concreto, se proponía desligar a las obras sociales de la atención y derivar esa responsabilidad en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Por ley, hoy las obras sociales están obligadas a brindar las prestaciones básicas con recursos provienentes del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el aporte que se les retiene mensualmente a los trabajadores.

Al borrador con cambios en la atención a discapacitados se sumaron versiones de que la Superintendencia de Servicios de la Salud habría retrasado el pago de los reintegros a las prestadoras y que estaría en vías de suspender la cobertura de tratamientos. Eso activó las manifestaciones en distintos puntos del país y el rechazo de dirigentes de la oposición que se expresaron en las redes sociales.

La polémica se da mientras la CGT, cuyos gremios administran la mayoría de las 290 obras sociales del país, negocia con el Gobierno desde modificaciones en la atención a los pacientes con discapacidad. Puntualmente, la cúpula de la central obrera presiona para que el Estado subsidie los gastos de las prestaciones que no son médicas, como la atención en educación y transporte, que se llevarían la mitad de los $8000 millones que demanda por mes el sistema de atención a personas con discapacidad.

“En principio, el DNU en estudio sería para las obras sociales sindicales, pero invita a adherir a las provincias por lo que podría arrastar a obras sociales como IOMA”, advirtieron a este diario fuentes con conocimiento del tema.

Por otro lado, Economía dispuso un ajuste de $10.000 millones en las partidas de Transporte, que, entre otros, implicará un recorte de $75 millones para el ferrocarril General Roca que une La Plata y Constitución. ¿Qué obras se verán afectadas? Es algo que en ni en Trenes Argentinos ni en Tranposrte pudieron precisar, pese a la insistente consulta de EL DIA.

Más recortes

Desarrollo Territorial y Hábitat, con $50.000 millones (que recaen sobre el programa Procrear); Obras Públicas, en $20.000 millones y la Secretaría de Desarrollo Productivo, con $70.000 millones, son otras de las carteras a las que apuntó Massa para ahorrar $128.000 millones que, según argumentan en Hacienda, no habían sido ejecutados por las reparticiones que los tenían asignados.

No es todo. Según se supo, antes de fin de año, el ministro de Economía quiere avanzar con un recorte extra de $130.000 millones para disminuir el gasto del Estado en unos 350.000 millones totales, sin contar el ahorro en los subsidios por la suba en las tarifas de luz y gas.

Como contrapartida, el Tesoro nacional aprobó un incremento para sus obligaciones de gasto corriente en $82.000 millones, ampliando en $60.000 millones las partidas a empresas públicas y $22.000 millones en asistencia al personal.