Apoyo al Presupuesto: los gobernadores presionan para mantener sus recursos

Pese al rechazo de gran parte de la oposición, el oficialismo logró ratificar en el Congreso el Consenso Fiscal y al cierre de esta edición se aprestaba a prorrogar cinco impuestos que le permitirían contar con recursos para transitar un año electoral en el que continuará bajo el “corset” del acuerdo con el FMI.

Pero el ajuste fiscal en marcha ya encuentra resistencias en la Liga de Gobernadores peronistas que condiciona su apoyo legislativo al Presupuesto 2023 a que no se resienta la obra pública en sus distritos y a obtener tarifas diferenciadas en energía y transporte público.

Durante la víspera la Cámara de Diputados fue escenario nuevamente de una fuerte disputa entre el Frente de Todos y los bloques de Juntos por el Cambio y de los libertarios, que rechazaron iniciativas que asimilaron a una nueva “suba de impuestos” y que, no obstante, podrían ser aprobadas por el aporte de los denominados “bloques del medio”.

Justamente la mayor parte de esos legisladores responden a los gobernadores que vienen negociando con la Casa Rosada dar apoyo político a cambio de mantener en 2023 desembolsos de recursos federales similares a los recibidos durante el corriente.

Además del Consenso Fiscal 2021, que da marcha atrás a la baja de Ingresos Brutos planificada en forma gradual desde 2017, el Gobierno busca prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales, al Cheque, entre otros, que son coparticipados con las provincias.

Los integrantes de JxC intentaron minimizar las diferencias que emergieron en las últimas semanas entre referentes del PRO y el radicalismo y coincidieron en rechazar las iniciativas impulsadas por el oficialismo. Para el diputado Luciano Laspina (PRO) el Consenso Fiscal “es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina” y remarcó que “vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”.

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CLAVE

Lo cierto es que para el Gobierno la continuidad de estos tributos es fundamental para justificar los ingresos previstos en el proyecto de Presupuesto 2023 que ingresó anoche a la cámara baja. Los gobernadores peronistas conscientes de la necesidad política del Ejecutivo, que esta vez necesita dar aprobación a la ley de leyes a diferencia de lo ocurrido en diciembre pasado, presionan para obtener recursos para sus jurisdicciones.

A través del chaqueño Jorge Capitanich, el vocero de la Liga conformada hace poco más de tres meses, hicieron conocer una serie de demandas con la que parecen condicionar el apoyo de los legisladores que les responden en ambas cámaras.

Hacen referencia a viejos reclamos, como el “tratamiento equitativo” de los subsidios en el transporte público de pasajeros. Este año fueron varios los mandatarios provinciales que denunciaron los multimillonarios recursos que el ministerio de Transporte desembolsa para subsidiar el boleto de las líneas de colectivos que circulan por el AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires) en detrimento de lo que reciben las empresas que prestan servicio en el interior.

El ajuste fiscal en marcha ya tiene resistencias en los Gobernadores del peronismo

Así y todo la “manta es corta”: las firmas del autotransporte metropolitanas vienen protestando por considerar “insuficientes” los subsidios. Son síntomas del ajuste fiscal en marcha: ayer hubo una reunión del ministro Sergio Massa con los popes de la CGT que piden que el presupuesto incluya un “auxilio” monetario para las obras sociales.

Mientras, los gobernadores también pidieron tarifas energéticas diferenciales, el sostenimiento de los proyectos de obra pública y el financiamiento del plan de viviendas. Y como “zanahoria” no sólo ofrecen el apoyo legislativo al Ejecutivo sino también ponen en debate público la necesidad de suspender las PASO el año próximo. Con la excusa de poder “redistribuir los recursos no imprescindibles” como, aducen, lo sería “el financiamiento de gastos electorales”, los mandatarios blanquean una estrategia que por lo bajo viene urdiendo un sector del FdT: la eliminación de las primarias como forma de dividir a la coalición opositora y, así, acrecentar las chances en 2023 de un oficialismo afectado por una persistente crisis económica y de credibilidad ante una gran parte de la sociedad.