El recorte en planes impacta en el oficialismo

El recorte fiscal que viene realizando Economía y las concesiones al campo como el denominado “dólar soja”, de a poco, van generando malestar en las bases del Frente de Todos. En las últimas horas fueron los dirigentes sociales del oficialismo los que pusieron el grito en el cielo por la baja de casi 40 mil planes sociales por una suspicaz actualización de datos destinada a hacer cumplir la normativa que declara incompatible el cobro del Potenciar Trabajo y las becas Progresar. “El ajuste irá in crescendo. Ahora lo vemos con esto pero después se sumarán las tarifas o el encarecimiento que tendrán los alimentos por las medidas cambiarias”, opinó un dirigente del oficialismo consultado.

Según informó este medio ayer desde su edición digital, desde el último viernes al menos de 38.861 beneficiarios del Potenciar tienen bloqueado el cobro de sus $24 mil por un cruce de datos que efectuó el SINTYS (Sistema de Identificaciòn Nacional Tributario y Social). En las organizaciones aseguran que llamativamente Educación días atrás envío una planilla con los integrantes del Progresar que llevaban años participando de proyectos cooperativos o tareas de la economía social.

Lo que ocurrió, básicamente, es que los beneficiarios terminaron cobrando las becas educativas y no el plan social que tiene un monto mayor. “Primero tendrían que haber avisado que eran incompatibles y después no hubieran quitado la asignación de mayor dinero. Hay muchos compañeros con problemas. Si no lo resuelven, habrá problemas en la calle”, cuestionó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

También durante la víspera volvieron a manifestarse frente a la Casa Rosada los transportistas y educadores de la Discapacidad que protestan desde hace una semana por la falta de pagos y la no actualización de los montos que cobran por este servicio.

Son manifestaciones de un fenómeno, atenuado en los últimos días por el brutal ataque que sufrió Cristina Kirchner, que varios integrantes del oficialismo con poder territorial admiten por lo bajo: el crecimiento de la protesta social a causa del persistente deterioro en los ingresos.

La nueva poda en los planes sociales alcanzó a todas las agrupaciones. Silvina Saravia, de la rama izquierdista de Barrios de Pie, acusó al Gobierno de estar “dispuesto a que el ajuste se haga sobre los más pobres. El FMI manda, y el gobierno ejecuta su plan de equilibrio fiscal a cualquier costo. El castigo recae ahora en aquellos que con mucho esfuerzo trabajan y estudian. El mensaje es nefasto” al tiempo que reclamó que modifique las resoluciones que declaran incompatibles estos dos Programas.

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Inconvenientes

El desagrado, con todo, fue mayor para los miles de militantes del oficialismo aún conmocionados por el atentado contra Cristina. Fue en esos momentos de pesar cuando se percataron que no ingresó a sus cuentas el pago por el salario social complementario por las tareas realizadas en agosto. La falta de ingresos provocó inconvenientes en jóvenes que, por ejemplo, destinaban ese dinero para costear el alquiler.

Desde el ministerio de Desarrollo Social sólo informaron que “siempre” fueron incompatibles ambas asignaciones y quizás ahora el problema ganó visibilidad “por un cruce de datos” que suspende el pago hasta que el titular “opte por uno de los dos programas”. Para un sector del oficialismo, con esa medida tampoco se resuelve el conflicto. “Pierden la posibilidad de educarse pibes que sin estos incentivos no tendrían otra oportunidad. Le están pegando a un sector del electorado propio además”, apuntaron.

Un dirigente del oficialismo que durante la víspera tuvo una posición ambigua fue Juan Grabois, que viene de suspender el quiebre del bloque del FdT en Diputados al garantizar la continuidad de sus tres diputados en el cuerpo que preside el santafesino Germán Martínez. Si bien por un lado festejó el supuesto refuerzo en los ingresos que tendrá la población vulnerable entre octubre y noviembre, que decantaría de la mayor liquidación del agro por el “dólar soja” –beneficio que no fue anunciado aún por Economía-, también lamentó que “alguien tocó un botón y le robó indiscriminadamente el salario a 60 mil personas con la excusa” de la incompatibilidad entre ambos programas.

Aliado de Cristina Kirchner, sigue presionando por el pago de un salario universal pero pareció enviarle un gesto a Sergio Massa al hacerse eco de las versiones de que las mejoras al campo anunciadas el último domingo, podrían financiar una suma fija para “los de abajo”, como gusta decir.

Sin embargo, otros dirigentes del oficialismo denuncian que ya se empiezan a sentir los efectos del ajuste fiscal. Aseguran que a las mayores expectativas inflacionarias por la suba en los precios de los productos exportables, se suma la paralización de proyectos de obra pública, como la construcción de jardines maternales en distintas ciudades del país.