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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, por “delitos de tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Se trata de una nueva denuncia vinculada a la filtración de chats atribuidos al funcionario porteño en uso de licencia y al colaborador del presidente del máximo tribunal en los que se hacen referencias a pleitos judiciales en los que se vieron enfrentados los intereses del Gobierno nacional con los del porteño y los del oficialismo a nivel nacional con los de la oposición.
Según un comunicado difundido por el gobierno bonaerense, Kicillof señaló en su presentación de 14 páginas que la Provincia “es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema”.
La denuncia recayó en el juzgado a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla -que desde la oposición vinculan con el kirchnerismo-, quien de inmediato dispuso “efectuar una amplia certificación a fin de evaluar posibles conexidades y/o la existencia de causas con idéntico objeto procesal” y refirió que es “de púbico conocimiento” que existen al menos otras tres denuncias vinculadas con el mismo hecho.
El juez Ramos Padilla recordó que hubo otros gobernadores que hicieron denuncias ante la Justicia federal en sus respectivas provincias, luego de la filtración de chats atribuidos a Robles y D´Alessandro, como Gerardo Zamora en Santiago del Estero y Ricardo Quintela en La Rioja; además de la que presentó el abogado Gastón Marano en Comodoro Py y que fue archivada por el juez Sebastián Ramos.
El juez federal de La Plata dispuso además que, después de llevada a cabo la certificación, se corra vista al Ministerio Público Fiscal “a fin de que se expida sobre qué juzgado debe intervenir.
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En la denuncia, Kicillof remarcó que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables habría sido producto “del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
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