La Cámara contra un juez que habilitó la entrega de terrenos a mapuches

El presidente de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, denunció ayer al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, por haber incumplido una orden judicial que frenaba la transferencia de tierras del Ejército al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La intimación va contra la decisión del magistrado patagónico que el pasado 17 de marzo había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional a inscribir un total de 180 hectáreas reclamadas por la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, que dice poseer derechos ancestrales sobre los terrenos judicializados. Ahora, la Cámara Federal porteña instó a Villanueva a anotar en el Registro de la Propiedad la orden judicial que impide la transferencia de las parcelas en disputa.

La causa se remonta al año 2012, cuando la comunidad originaria logró un amparo a favor de su demanda y la jueza subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, ordenó al Ejecutivo Nacional a transferir “a título gratuito, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de las tierras” que desde la década del ´60 están afectadas a la Escuela Militar de Montaña del Ejército Juan Domingo Perón.

El controvertido fallo de la jueza Domínguez disparó alarmas en la Patagonia, donde tramitan otros 50 expedientes judiciales con reclamos de similares características. Sólo en Bariloche, de 3.500 hectáreas que tiene el Ejército, 2.800 son discutidas en la justicia por ocho comunidades mapuches.

A la Corte

Por eso el año pasado el Ejército Argentino apeló ante la Corte Suprema la entrega de las 180 hectáreas. Pero la resolución de la Justicia patagónica quedó firme porque el Estado accionó fuera de los términos legales. Esa dilación está siendo investigada por la justicia federal.

Mientras, a fines de 2022 y desde Comodoro Py, el juez Daniel Rafecas advirtió al gobierno de Río Negro que las tierras están bajo investigación judicial y que no pueden cambiar de propietario hasta tanto finalice el proceso. También Rafecas, que antes había rechazado un pedido del fiscal Carlos Stornelli para “no innovar” (no entregar las tierras) revocó ese fallo y prohibió cualquier transferencia hasta no agotar las vías judiciales.

LE PUEDE INTERESAR

Ya está el “comando”: definen cantidad de efectivos, "mapa del delito" y articulación de Fuerzas

LE PUEDE INTERESAR

La AFIP puso en la mira cuentas en Suiza

Pero el mencionado juez subrogante de Bariloche desdeñó ese proceso y hace diez días “intimó al Poder Ejecutivo Nacional a hacer la inscripción (de las 180 hectáreas), desconociendo la orden dada de no innovar, para impedir que esas tierras sean transferidas, hasta tanto el juicio tenga una decisión definitiva”, tal como denunció ayer el juez Mariano Llorens, de la Cámara Federal de Buenos Aires. El camarista, muy duro con su colega patagónico, cuestionó a Villanueva por “la inacción demostrada (…) pese a las expresas indicaciones de su Superior” y le advirtió que “durante todo este tiempo ha omitido observar las mandas que le fueron dirigidas en ya dos ocasiones”.

También se le ordenó al juez de Bariloche que “dé cumplimiento urgente” al pedido de Rafecas, que, como se dijo, en dos ocasiones le indicó que las tierras reclamadas no pueden cambiar de titularidad hasta que la Justicia no resuelva.

Además, se intimó al juzgado de Bariloche a emitir “los oficios correspondientes, a fin de que se lleve a cabo cualquier alteración de los asientos respectivos en el Registro de la Propiedad vinculado con las tierras en disputa”.

El planteo fue hecho “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia y, consecuentemente, de remitir copia de lo aquí revelado al Consejo de la Magistratura de la Nación a efectos de que se analice la conducta evidenciada” por el juez Villanueva.

Llorens dejó sentado por último que la desobediencia a la resolución de la Cámara “favorece la pretensión de la comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue, que pretende las tierras del Ejército Argentino en la zona. En tanto que aún está abierto el debate por el reclamo del Poder Ejecutivo, pese a la apelación fuera de términos que devino en esta situación”.