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La posible suspensión de cirugías y de trasplantes como derivación de las restricciones existentes a la importación de insumos médicos, denunciada por las principales cámaras y entidades de empresas y laboratorios del país que hicieron conocer esta alternativa al Gobierno nacional, debiera generar una rápida reacción oficial, destinada a superar esta situación.
No es la primera vez que el sistema de salud viene planteando diversas reivindicaciones que apuntan a la disponibilidad suficiente de profesionales y enfermeros en las distintas guardias, así como también equipamientos, insumos, reactivos y elementos considerados críticos para los diagnósticos y otras prácticas.
Tal como se informó en este diario, ocho de las entidades de mayor renombre del sector plantearon que “por las actuales restricciones normativas y cambiarias se impide el normal abastecimiento al sistema sanitario, lo cual afectará en forma inminente la realización de análisis clínicos obligando a suspender intervenciones tales como trasplantes y cirugías, poniendo en riesgo de vida de los pacientes del país”.
En el texto del informe, se pidió a integrantes del gabinete y a los titulares del Banco Central y de Anmat resolver con carácter de urgencia los atrasos en la aprobación y nuevos plazos de pago de SIRAs, que el normal abastecimiento de elementos altamente sensibles para el sistema de salud argentino requiere.
Desde el mismo sector se sostuvo que “el planteo de solución ante las autoridades resulta prácticamente inmaterial en términos de divisas, pues el conjunto de los insumos que hoy están en dificultades de abastecimiento representan menos del 1 por ciento del comercio exterior argentino”.
Sería por cierto temerario y hasta superficial adjudicar este reclamo al supuesto propósito de alcanzar determinadas ventajas, poniendo como excusa la salud de los enfermos que -tal como ocurre habitualmente- se encontrarán en estas jornadas ante la imperiosa necesidad de recibir distintos tratamientos de alta complejidad médica. En todo caso, las autoridades médicas del país podrán verificar si, realmente, están faltando insumos para los laboratorios.
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Se ha dicho ya, para casos relacionados -como los que se plantean en varios hospitales públicos por las faltas de profesionales para atender las guardias y otros servicios médicos- que el del acceso a la salud es, como al de la vida, uno de los derechos humanos esenciales y que, por consiguiente, no existe excusa o motivo alguno que justifique no reconocerlo.
Además, en estos casos que se han presentado en ocasiones a lo largo de las últimas décadas, se conoce que las eventuales demoras administrativas en que pueda incurrir el Estado para resolverlos suelen derivar en consecuencias mucho más que lamentables.
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