Candidatos libertarios le apuntaron a la coparticipación

“El sistema de coparticipación federal, tal como está planteado, es un plan social y el Estado Nacional, el puntero que somete a las provincias. Por eso estamos decididos a dar este debate”. Con esa definición, el candidato a senador provincial de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, sintetizó ayer una de las promesas de campaña de Javier Milei: la que va contra este esquema que, argumentan en el espacio, “empobrece” a las distintas jurisdicciones.

”Hoy vemos cómo el Poder Ejecutivo hace una utilización discrecional de las arcas públicas y cómo de cada 100 pesos que se recaudan de la masa coparticipable, 53 quedan en manos del Estado. El régimen de coparticipación atenta contra la Constitución”, sumó el candidato libertario a la vicegobernación, Francisco Oneto.

Y el diputado provincial de la LLA, Nahuel Sotelo, insistió: “Hay que dar este debate. Sabemos que la salida no será de un día para el otro, pero la coparticipación va en contra de la riqueza de las provincias”.

Las advertencias libertarias resonaron en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, donde la Asociación Argentina de Contribuyentes (que asesora a los libertarios en temas impositivos) presentó el informe “Desigualdad fiscal entre provincias y mecanismos de salida del Régimen de Coparticipación Federal de impuestos”. Pese a que estaba anunciada, no participó de la exposición la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel.

El documento de 113 páginas, al que accedió este diario, expone una salida legal y otra legislativa a este sistema. La idea es que exista el mínimo posible de coparticipación, bajo la premisa de que el régimen vigente “defrauda” los principios de reparto que marca el artículo 75 de la Constitución, al sostener que el actual mecanismo de distribución es discriminatorio e inequitativo, como así también que genera una “dependencia económica absoluta” al gobierno nacional por parte de algunas provincias. A la par que advierte que hay distritos “discriminados” y otros “favorecidos”.

En este punto, durante la presentación se hizo hincapié en el caso de la provincia de Buenos Aires, que con un 38,2% de la población del país, recibe solo un 22,6% de la coparticipación.

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Se machacó también sobre la disparidad en las tasas de dependencia que tienen parte de los territorios con respecto al Gobierno nacional y se puntualizó en los casos de Santiago del Estero, La Rioja y Formosa, que llegan a índices de 70, 80 y 90%.

“La mayoría de las provincias depende de la coparticipación para solventar sus actividades. En algunas, la coparticipación es la industria más importante. Este esquema lesiona gravemente la autonomía provincial y el principio del federalismo local”, plantea el texto.

También remarca que parte de la ley 23.548 que regula la coparticipación es inconstitucional, ya que, según esta normativa, las provincias deben adherir al régimen, pero si no aceptan, la sanción es la pérdida de los fondos coparticipables. Por eso, este mecanismo sería una “forma de coerción” contra las administraciones provinciales.

En esta línea, el informe apunta que la ley habla de adhesión, pero no regula qué pasa con aquellas provincias que ingresan pero quieren salir del régimen.

Para estos casos establece salidas. Por un lado, plantea como estrategia jurídica que las provincias que desearan irse de forma parcial o total del acuerdo podrían solicitar ante la Corte Suprema la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley. También dice que se debería solicitar la inconstitucionalidad de los impuestos directos vigentes, entre otras opciones “más complejas” y considera que “podría darse la salida final del régimen con una sentencia del máximo tribunal”.