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Ryan Collerd
Para Maggie Ficco, una madre trabajadora en el estado de Pensilvania, la escasez de plazas en los jardines de infancia y sus precios prohibitivos son más que un asunto de la campaña electoral en Estados Unidos: es una fuente constante de estrés y de problemas financieros.
“El precio del jardín de infancia es prácticamente igual al pago de la hipoteca de nuestra casa”, entre 1.100 y 1.200 dólares al mes, explica esta educadora de 31 años, en una de las pequeñas viviendas de un barrio residencial, cerca de Filadelfia. “Ganamos ‘demasiado’ para recibir ayudas, pero si uno de nosotros deja de trabajar no podríamos pagar nuestras facturas. Y nuestro gasto de jardín de infancia es una carga muy grande”, dice con su bebé en los brazos.
“No tenemos lujos, no tenemos vacaciones locas. Hacemos la compra, pagamos nuestra casa, nuestro coche y la guardería y es todo lo que podemos permitirnos”, dice.
“Sabía que iba a ser un reto, pero, sinceramente, no me imaginaba que sería tan difícil”, reconoce impotente.
Decepcionada por la política, asegura que todavía no sabe si votará al republicano Donald Trump o a la demócrata Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre.
Le gustaría que se comprometieran “realmente” con el problema de los cuidados infantiles.
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“Tengo 31 años y mucha gente que conozco ha decidido no tener hijos por esta razón (...) muchos estamos agotados”, dice.
Los cuidados infantiles preocupan a muchas familias estadounidenses y sus impactos perversos en el empleo y los ingresos son reconocidos oficialmente.
Para la Cámara de Comercio estadounidense, esta “barrera es parte de la razón por la que Estados Unidos tiene más de seis millones de desempleados y 1,6 millones de empleados precarios”.
Una desventaja que afecta, en particular, a las mujeres y que se traduce en “salarios más bajos y oportunidades de promoción perdidas”, añade la Cámara. “Los padres pagan más de lo que deberían, pero eso no cubre nuestros costes reales”, dice Margie Sebastiani, directora de la guardería a la que Maggie Ficco lleva a su hija.
Sebastiani tiene dificultades para contratar nuevo personal porque los sueldos son muy bajos. Como resultado, dos de cada diez aulas están cerradas por falta de personal, y tiene que rechazar muchas solicitudes.
Durante la pandemia de covid, la administración de Joe Biden inyectó 24.000 millones de dólares en ayudas a estos centros para hacer frente a la crisis, “pero eso ha terminado mientras aumentan nuestros costes”, lamenta la directora.
“Sin ayuda del gobierno federal o del Estado (de Pensilvania), muchos establecimientos cerrarán”, advierte, mientras que el número de centros autorizados por el Estado ha caído de 7.000 a 6.400 desde enero de 2020.
Pese a las ayudas para familias con rentas bajas, “vemos a padres con auténticas dificultades”, añade Leslie Spina, directora de una red de cinco guarderías en un barrio obrero de Filadelfia.
“No pueden pagar el resto de sus gastos porque tienen que elegir entre la medicación para el asma de sus hijos, la comida o la guardería. Esto es por lo que pasan nuestras familias todos los días”, afirma.
En uno de sus centros, las listas de espera es dos veces superior a la capacidad del mismo.
April Washington, que trabaja como administradora en una universidad, cuenta que esperó casi 18 meses por una plaza para su hija de 3 años.
“Los precios se han disparado. Es estresante. Esto te coloca en una especie de competición con las familias”, lamenta.
Este asunto ha entrado al programa electoral de los candidatos presidenciales.
El objetivo de Harris es reducir el coste del cuidado infantil al 7% del presupuesto familiar, cuando en gran parte del país supera el 10% o incluso el 20%.
Pero más allá de prometer un crédito fiscal de 6.000 dólares para los padres jóvenes, no ha detallado su plan.
Donald Trump cuenta con los “miles de millones de dólares” que aportarán sus impuestos a las importaciones. Su compañero de fórmula, J.D. Vance, suscitó burlas cuando sugirió que “quizá los abuelos quieran ayudar un poco más”. También propuso aumentar un crédito fiscal ya existente.
“Ofrecen créditos fiscales, pero no explican cómo van a (aumentar) la oferta de plazas. Quienes prestan este servicio necesitan financiación”, subraya Carol Austin, directora de una asociación de apoyo al sector First Up.
“Necesitamos ayuda”, añade Margie Sebastiani, que tiene la impresión de que “el ideal de quienes manejan los hilos del dinero es que los padres se queden en casa con sus hijos”. Pero “esa no es la realidad”, concluye. (AFP)
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