Kueider pidió la nulidad de la sesión donde lo echaron / na
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La magistrada cursó el exhorto a través de la Cancillería argentina y pidió que sea trasladado detenido
Kueider pidió la nulidad de la sesión donde lo echaron / na
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió ayer un exhorto a Paraguay para pedir la extradición, con fines de tomar declaración indagatoria, al expulsado ex senador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Costa, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito que se les sigue a ambos en su juzgado.
La magistrada cursó el exhorto a través de la Cancillería argentina y, además de reclamar que ambos sean trasladados detenidos al país, pidió una serie de medidas de prueba a sus pares paraguayos como el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos que ambos llevaban cuando intentaron cruzar a Paraguay con 211.000 dólares sin declarar, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Además requirió que se allane el departamento de la ciudad de Asunción donde cumplen arresto domiciliario y se envíe a la Argentina todo elemento que pueda resultar de interés, en particular dispositivos electrónicos.
En la causa que lleva Arroyo Salgado se investiga si el ex senador del PJ entrerriano es propietario de tres departamentos en una torre en la ciudad entrerriana de Concordia, que están a nombre de una sociedad “Betail” que le pertenece y que no podría justificar con sus ingresos en la función pública.
Kueider ya no tiene fueros parlamentarios y por ello puede ser detenido en Argentina, más allá de que presentó una acción de amparo para que se revierta esta situación, que por el momento está sin resolver en el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa que tiene Arroyo Salgado se abrió en julio pasado tras una denuncia de la revista Análisis y el sitio El Disenso, que revelaron que el exsenador tenía tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná. Estaban registrados a nombre de la empresa Betail SA, que es investigada en torno a un caso de supuestos sobornos.
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Las expensas de esos departamentos pasaron de estar a nombre de Betail a figurar registrados bajo el nombre de Guinsel Costa, quien ya figuraba como empleada de Kueider en el Senado.
Esta empresa - de la que Kueider se convirtió en accionista y director en 2019-, también está siendo investigada por la justicia federal por lavado de activos y asociación ilícita, al igual que sus otros dos socios, Javier Rubel y Rodolfo Daniel González. La otra firma de Kueider, Edekom SA, creada en diciembre de 2022, en sociedad con su hijo Haidar Iván, también está bajo la lupa de la Justicia Federal. Ambas firmas declararon domicilios falsos en la Ciudad de Buenos Aires. Todos, incluida Guinsel Costa, están imputados de lavado de activos y asociación ilícita.
La propiedad de las unidades salió a la luz porque Betail SA figuraba como titular de la expensas de las cinco unidades hasta mayo pasado. Al mes siguiente, aparecieron a nombre de Guinsel Costa, quien en ese momento estaba designada en el despacho del entonces senador Kuieder en la Cámara alta, y era quien pagaba las expensas, según declaró el administrador del edificio ante la Justicia. La joven - con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva - está sospechada de actuar como su testaferro.
En paralelo a la investigación de la Justicia federal hay otra causa en la Justicia de Concordia, también por enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal José Arias.
Para hacer efectiva la extradición es necesario que la Cancillería encabezada por Gerardo Werthein, envié al gobierno paraguayo el oficio de Arroyo Salgado, y que luego lo comunique a la Justicia del vecino país, de modo de iniciar los trámites.
Kueider está acusado en Paraguay de contrabando de divisas. La justicia paraguaya puede determinar que se agote primero la causa en su país, cuya investigación dura como máximo cuatro meses, antes de disponer su extradición.
Los tiempos políticos de la entrega del exhorto y de la eventual extradición de los sospechosos a nuestro país están en manos de los gobiernos de la Argentina y Paraguay.
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