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El Gobierno nacional busca acelerar la implementación en todo el país del sistema acusatorio que permitirá que los fiscales queden a cargo de una investigación, y para ello analiza la posibilidad de reformar, por decreto, la ley que establece el mecanismo de implementación, informaron fuentes al tanto de la iniciativa.
La información trascendió durante el fin de semana tras la visita que hizo el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, a las provincias de Salta y Jujuy, hacia donde se desplazó específicamente para observar en detalle cómo se llevó a cabo en esos territorios la implementación del sistema acusatorio, detallaron las fuentes consultadas.
“Nuestro proyecto es ir la semana que viene a Mendoza, a la región Cuyo, y luego a Santa Fe. Queremos establecer el mejor sistema judicial procesal para nuestro país. Que quede instalado y que, a partir del gobierno de Javier Milei, se haga la reforma judicial que él pidió; con celeridad, que es lo que estamos tratando de lograr siguiendo sus órdenes” indicó el ministro de Justicia. Junto a Cúneo Libarona estuvieron el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer; el jefe de Gabinete del Ministerio, Diego Guerendiain, y el asesor en temas penales y en la implementación del sistema acusatorio, Nicolás Ramírez.
El ministro publicó una serie de mensajes en la red social X bajo el título “El sistema acusatorio como política de Estado”, en los que se refirió a las bondades de ese sistema. “El nuevo Código Procesal Penal Federal se basa en un modelo de justicia oral y rápido, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata. Es prioritario que se reanude la aplicación del Sistema Acusatorio para darle a los argentinos un sistema de justicia que sea justo”, expuso.
Al respecto, mencionó que en 2019 “el Código fue puesto en vigencia únicamente en la justicia federal en Jujuy y Salta. En el resto del país, continúa aplicándose el régimen inquisitivo y en los últimos cuatro años la implementación se estancó por completo”, cuestionó.
El funcionario acompañó los mensajes con una serie de placas en las que sostuvo que el sistema acusatorio implica poner a la fiscalía a cargo de la investigación y la acusación, para dejarle al juez el lugar de resolver “de forma imparcial e inmediata, sobre la base de lo presentado en las audiencias”. Las defensas, en tanto, cumplirían su tarea en igualdad de condiciones que la acusación.
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La implementación de ese sistema implicaría, además, dar lugar a la “oralidad” ya que “el litigio y la argumentación se dan verbalmente ante el juez en audiencias públicas” por lo que los procesos se vuelven más ágiles que cuando se tramitan en formato papel, mientras que se precisará de la implementación de Oficinas judiciales que se ocupan de la gestión de las audiencias y agendas de los magistrados.
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