Milei guardó la motosierra y desempolvó la aspiradora

Y ahora viene lo realmente difícil. El tratamiento en particular de los artículos del proyecto de ley llamado “ómnibus” contiene artículos que generarán seguramente arduas y encendidas discusiones, además de silenciosos acuerdos, y manifestaciones callejeras para presionar a los legisladores, en las que no faltarán previsiblemente algunas provocaciones. Después el proyecto será remitido a la Cámara de Senadores, donde continuarán por lo menos con las negociaciones.

El periodo de gracia del que normalmente gozan los presidentes cuando asumen se consume rápidamente por las impaciencias generalizadas, los desaciertos de su grupo político y, especialmente, por la crítica situación económica que heredó Milei. Tan grave que debió olvidar promesas y tomar decisiones que no coinciden con su manera de pensar, mientras parte de su electorado siente que la motosierra no se usó sobre la “casta” con la energía anunciada en campaña.

Las desesperantes circunstancias, no había dólares para importar siquiera medicamentos, obligó al presidente en primer término a poner en marcha la aspiradora para conseguir billetes como sea, o mejor dicho, por el método tradicional de aumentar los impuestos a los que pagan.

Ahora queda postergada la discusión sobre la reforma del Impuesto a las Ganancias, que presentó Massa en pleno periodo electoral y aprobó el Congreso, que inevitablemente disminuyó los ingresos del Estado nacional y los provinciales. Todo eso surgido de un equívoco de antigua data porque lo llamado en Argentina como Impuesto a las Ganancias en otros países, como Estados Unidos, se llama Impuesto a los Ingresos. ¿Pero quién se atreve a enfrentar el costo político de dar marcha atrás con la reforma? Aun cuando quedaran exentos salarios de un millón de pesos mensuales.

Coparticipación e impuestos

El sector público argentino necesita un elevado porcentaje del Producto Bruto Interno, gravado por diferentes impuestos, alguno de los cuales son coparticipados, es decir, se distribuyen entre las provincias en base a parámetros resueltos con base en consideraciones políticas. Tanto es así que algunas jurisdicciones sólo recaudan poco más del diez por ciento de lo que gastan y lo demás les es suministrando por el Estado nacional.

Varias de las jurisdicciones consideradas pobres han atesorado importantes fondos por las generosidades surgidas de la Ley de Coparticipación y de actos discrecionales del poder central.

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El gobernador de Santa Fe reclama, cada vez con mayor energía, que su provincia aporta mucho más de lo que recibe. Claro que no se puede ni hablar de la situación de los bonaerenses, que producen casi el cuarenta por ciento de la riqueza nacional y, de acuerdo a la mencionada ley reciben poco más de la mitad de ese porcentaje. Una discriminación evidente que viola el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Aparentemente eso es un hecho irreversible porque cualquier modificación debería ser aprobada por el Congreso de la Nación, donde el resto de las jurisdicciones difícilmente reconocería la justicia del reclamo bonaerense. En ese sentido cabe mencionar que, en las disposiciones transitorias de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se incluyó un artículo que daba un plazo para la sanción de una nueva Ley de Coparticipación. Por supuesto está más que vencido.

Se planteará ahora de una u otra manera la discusión sobre los temas que incluía el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus como el blanqueo, la moratoria, el Impuesto a los Bienes Personales, a las Ganancias y, nada menos, que al de las Retenciones. Todos tienen relación directa con los ingresos del Estado Nacional, sobre los cuales los gobernadores hacen cuentas a partir de lo que consideran que debieran percibir sus provincias. Otras cuestiones quedan pendientes, pero cuando se trata de presupuestos…

Después de estos tres días de ¿descanso? los legisladores podrán volver a la búsqueda de acuerdos a fin de generar y lograr los fondos a los que mínimamente aspiran, para lo que hay que volver sobre el sector privado.

Muy después se decidirá sobre cómo se gasta menos y en qué cosas. Podrá atenderse a la reducción de gastos y a las privatizaciones de empresas del Estado, por supuesto que siempre deficitarias.

Y entonces un presidente, si tuviera todo eso resuelto, podría enfrentar a la política, a las “castas” empresarias prebendarias, a la de los gremialistas eternizados en un poder que maneja miles de millones de pesos y, finalmente, a las culturales y educativas, cuyos gastos también deben ser auditados, por supuesto que reconociendo que el aporte del Estado se ha ido reduciendo con la consecuencia de una caída en la calidad de la educación, pero que ello no justifica ciertas prácticas y licencias que nadie se atrevió a poner en duda.

Una tarea muy difícil para cualquier presidente, más para el libertario que carece de cintura política y escasa representación parlamentaria.