Condenaron a 27 años de prisión al femicida de Lola Chomnalez

La justicia uruguaya condenó en la jornada de ayer a 27 años y 6 meses de prisión a Leonardo David Sena por el femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en diciembre de 2014 en la playa Barra de Valizas, Uruguay.

El homicida, preso desde mayo de 2022, fue encontrado culpable del delito de “homicidio muy especialmente agravado”. A la pena impuesta se le descontará el tiempo que permaneció detenido con prisión preventiva.

Entre lo argumentado por el juez Juan Giménez Vera para haber impuesto esa condena para un delito que establece penas de entre 15 y 30 años, consideró el nivel de “peligrosidad” del acusado, sus antecedentes (una condena anterior por lesiones y otra por violación) y el haber enterrado el cuerpo de la víctima luego de haberla matado.

La fiscal de Rocha, Mariela Núñez, había pedido que se le impusiera a Sena la pena máxima establecida para este tipo de delitos, pero el juez consideró que no se cumplían los agravantes para ello.

Sena, que tiene antecedentes penales por otros dos hechos, fue detenido en mayo de 2022 en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, luego de que distintos testigos señalaron que era frecuente verlo en la zona de Castillos y Rocha, y que un cotejo de ADN diera positivo respecto de su sangre y la hallada en la escena del crimen.

“A través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola en su interior el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino”, explicó el juez Vera.

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Por este caso, también está preso Ángel Moreira Martínez, alias “El Cachila”. Este “cuidacoches” fue absuelto en primera instancia por el juez Giménez Vera, pero el Tribunal de Apelaciones del 4° Turno revocó en febrero de 2022 ese fallo y lo condenó a 8 años de prisión por “encubrimiento”. La absolución de “Cachila” fue apelada por la ahora exfiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, quien había requerido una condena de 10 años de prisión.