La tasa a los combustibles enfrenta al Gobierno con intendentes de todo el país

Entre las distintas variables que actualmente intenta resolver el equipo económico, una de las cuestiones troncales de su plan es contener la inflación. Por eso, monitorea los distintos componentes que puedan presionar sobre el índice de precios y ahora puso el foco en los combustibles, particularmente en aquellos municipios que empezaron a cobrar la llamada tasa vial.

Por eso es que el Gobierno intentará frenar la decisión de varios municipios del Conurbano bonaerense y otras ciudades del país de aplicar una tasa vial sobre el precio de los combustibles, por entender que se trata de un “abuso”. Así lo anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

“Hemos notado cierta proliferación en varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través de, por ejemplo, los tickets de combustibles. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que deje de ocurrir, que no pase”, sostuvo el funcionario.

Además, Adorni consideró que los jefes comunales “tienen cautiva a la gente para cobrarles o recaudar una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustibles, y dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente a través del ticket”.

La tasa vial es un gravamen que se cobra en algunos municipios de todo el país por la venta de cada litro de combustible o metro cúbico de GNC, y generalmente, lo que ingresa por ese tributo se destina a gastos de infraestructura.

La aplicación de este impuesto despertó malestar entre los empresarios del sector básicamente porque aumenta los costos y desalienta las ventas en los surtidores en un contexto en que el consumo ya viene golpeado. Ante esta situación, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, expuso su plan de acción ante referentes energéticos que se reunieron en el Club del Petróleo.

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En primer lugar, explicó que se va a “intervenir en la mayor cantidad de procesos judiciales y procurará que el Estado Nacional sea citado como tercero”. Esto quiere decir que el Gobierno acompañará a aquellas presentaciones judiciales -por ejemplo, medidas cautelares- que rechacen la implementación de este tributo.

Por otro lado, el funcionario propuso que se exhiban los “precios netos” en los puntos de venta de los combustibles. Es decir, sin incluir el componente impositivo para que luego se muestren por separado los importes que se suman en concepto de tasas y hacen al costo final de venta.

Municipios que lo cobran

De acuerdo al relevamiento que realiza la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos (CECHA), hay 18 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Las Heras, Junín, Mar del Plata, Rosario y Neuquén que lo cobran. En total, son 23 localidades.

La tasa vial puede ser un porcentaje que se cobra sobre el litro de nafta (súper o premium) o gasoil y que oscila entre el 1% y el 4,5%, o un recargo fijo que puede superar los $20 por litro. Según CECHA, por poner algunos ejemplos, en San Isidro se cobran $6 por cada litro de nafta; en José C. Paz, $9,28; en General Rodríguez, $10; y en Marcos Paz, $20,96. En algunos casos, el cobro es mucho más bajo: en Vicente López se cobran $0,66 sobre el precio del litro de nafta súper y $0,88 sobre el gasoil.

En tanto, en Mar del Plata se cobra 1,86% por cada litro, en Rosario 1,6% y en Neuquén 4,5%. En Tigre y Escobar el porcentaje el cargo es del 1%, en Ituzaingó, Pilar y Almirante Brown es del 2%.

A principios de mayo, el vocero presidencial ya había adelantado que el Gobierno rechazaba el cobro de la tasa vial y que tenía previsto tomar algún tipo de medida al respecto, aunque no había dado mayores detalles. “Es un abuso para recaudar”, afirmó en ese momento. Y remarcó: “Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos disposición para que deje de ocurrir, que no pase”.

Tal como explicaron los abogados expertos en derecho tributario, Manuel y Daniel Torrallardona, este tributo ha sido objeto de críticas, siendo cuestionado por su ilegalidad e irrazonabilidad, ya que contradice la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos N°. 23.548, el Decreto Ley 505/58, así como los principios tributarios de igualdad, capacidad contributiva y proporcionalidad.

Además, se argumenta que el costo del servicio no se corresponde con la tasa impuesta, y en algunos casos, el hecho imponible esta mal definido y la prestación del servicio por parte de la entidad estatal es prácticamente inexistente. Asimismo, se señala que los municipios han extendido indebidamente el alcance de la tasa, afectando a residentes de otras jurisdicciones.

En concreto, la tasa vial viola tres normas nacionales: la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, que específicamente prohíbe que se establezcan tributos similares a los ya establecidos de orden fiscal, señalan.