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Alberto Nofel
Una millonaria inversión, acaso irrepetible en muchísimos años, no se quedará en Buenos Aires sino que se mudará a Río Negro. Así lo comunicaron ayer las empresas inversoras y hoy lo oficializarán. Mientras, hubo silencio desde la Casa Rosada y desde la Gobernación de la calle 6.
La planta de licuefacción que proyectan YPF y los malayos de Petronas para exportar el gas de Vaca Muerta, había quedado en medio de la disputa sin retorno entre el Presidente y el Gobernador. Analistas políticos estiman que Milei podría haber zanjado esa discusión con el peso de sus propias necesidades políticas y el hecho de quizás no dejarle a Kicillof la posibilidad de poder exhibir un logro de enorme impacto de cara al 2027.
Antes del anuncio que formaliza la petrolera de bandera argentina por estas horas, se tejió una larga novela que tuvo como actor principal al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Incluido en la Ley Bases que aprobó el Congreso, establece una serie de ventajas impositivas para aquellas inversiones de más de 200 millones de dólares que se radiquen en el país. Petronas, YPF y Milei sostenían que era condición esencial para que la planta se instalara en la Provincia que la administración bonaerense adhiriera.
Kicillof, como abanderado de la resistencia a las políticas del gobierno libertario, se transformó en el más férreo opositor a esa normativa. De hecho, los legisladores de Unión por la Patria por la Provincia, tanto en Diputados como en el Senado, votaron en contra de la primera ley que consiguió Milei en más de 6 meses de gestión. En cambio, los patagónicos -sobre todo de Río Negro y Neuquén- si aportaron votos para sacar adelante el proyecto de la Casa Rosada. Al igual que otras provincias interesadas en nuevas inversiones.
La postura de la Gobernación fue mutando a medida que se robustecían las versiones de que la planta se iría a Río Negro. También, en sintonía con la enorme presión que se ejercía desde Bahía Blanca para que se dejaran de lado las cuestiones ideológicas en favor de poder quedarse con una inversión que hasta no hace mucho tiempo daban por segura.
El gobierno provincial planteó primero un RIGI bonaerense como alternativa, con el argumento de que no hacía falta adherirse al régimen nacional. En las últimas horas, a medida que se arreciaban las versiones acerca de que el lugar elegido era la provincia patagónica, se había autorizado a que en la ley provincial que se iba a enviar a la Legislatura se le añadiera la famosa adhesión.
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Nada de eso ocurrió. El proyecto de Kicillof nunca vio la luz. Río Negro, mientras tanto, en un trámite exprés, cumplió con lo que se reclamaba desde la Casa Rosada. Otro apoyo clave fue el de los gremios petroleros.
La indefinición bonaerense queda ahora bajo la lupa una vez conocida la decisión oficial de llevar la planta de licuefacción a Río Negro. Hay quienes creen que faltó pragmatismo en el Ejecutivo provincial frente a un tema que no se permitía dejar cabos sueltos. También, acaso, reflejos políticos para interpretar que el gobierno de Milei no iba a dejar pasar la oportunidad de facturarle a Kicillof su rechazo al RIGI.
La pregunta que sobrevuela la política bonaerense es por qué el Gobernador no utilizó el reclamo opositor como excusa perfecta para adherir al RIGI, de manera de mostrar que no estaba arriando banderas de su propio sector sino que un interés mayor (conservar la inversión para la Provincia) ameritaba tomar una medida que no compartía. Hoy temprano la administración bonaerense tendrá su palabra.
Más allá de las ventajas y contras de un lugar u otro (Bahía Blanca o Punta Colorada), Milei habría operado en sintonía con la necesidad de sostener acuerdos políticos que trabajosamente fue anudando su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante el debate de la Ley Bases.
Cerca de Kicillof manejaban la versión desde hace varios días que se podía venir una “devolución de gentilezas”. Y que la radicación de la planta en Punta Colorada formaba parte de ese acuerdo que se corporizó primero en el Congreso y ahora a través de la resolución que por unanimidad adoptó el directorio de YPF, seguramente consensuada con sus socios.
Cerca de Kicillof manejaban la versión que podía venir la “devolución de gentilezas”
Ayer temprano, el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, dijo que se venían “buenas noticias” para la Patagonia en relación a la planta de gas. Evidentemente manejaba información privilegiada.
Hay otro aspecto político de la decisión que tendría carácter oficial en breve, que resulta insoslayable. Kicillof está embarcado en una incipiente carrera presidencial. Trabaja para desalojar a Milei de la Casa Rosada en 2027. El Presidente no descarta -lo ha dicho- ir por un nuevo mandato. El choque de planetas podría ser inevitable.
La elección del lugar para la radicación de la planta podría no estar desvinculada de aquella colisión.
Más allá de la coyuntura política actual, Kicillof se quedará sin la posibilidad de mostrar que la provincia que gobierna es capaz de recibir una megainversión que podría transformar el sur bonaerense. Es probable que el Presidente decidiera, al menos en parte, en función de aquella proyección futura. El tiempo lo dirá.
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