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Hace ya muchos años que se habla sobre la necesidad de que se ajusten los controles sobre los alimentos que se venden a la población, a partir de evidencias médicas reunidas que advirtieron sobre un debilitamiento de la fiscalización bromatológica que se realiza en nuestra zona. Así también se ha reclamado que se intensifiquen las revisiones sanitarias sobre algunos comercios que los expenden, esto es en todo lo que atañe, entonces, a una revisión de la producción, manipulación, elaboración, conservación y distribución de esos productos.
Ocurre que ahora -tal como se detalló en un informe publicado en este diario- asociados a la caída del poder adquisitivo, se lanzan algunos artículos elaborados “en base a”, que llegan a confundir a los consumidores.
En ocasiones, los consumidores descubren al llegar a su casa que, por ejemplo, en lugar de comprar un yogur, compraron un alimento a base de bebida láctea. Aunque el precio, por lo general, es bastante más económico, la confusión no deja de representar una frustración para quien creía que llevaba otro producto.
Una ingeniera en alimentos consultada sostuvo que esto cobra mayor presencia en algunos almacenes y supermercados. Y está permitido por el Código Alimentario Nacional. “Es el que establece la denominación legal, que suele estar en letra chica cuando dice, por ejemplo, a base de yogur, las nominaciones de fantasías pueden engañar al consumidor”, sostuvo.
La profesional indicó que para saber qué se consume cuando se compran alimentos envasados hay que leer la información. “Se debe hacer una buena lectura y en la lista de ingredientes se debe observar cuál es el primer ingrediente, que es el que está en forma mayoritaria”, sostuvo.
“Hay un producto que en el envase decía rayadito y al corroborar la lista de ingrediente se veía que contenía el alimento en orden decreciente, pero no era todo queso”, sostuvo.
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Como contexto de esta realidad puede hablarse de la extensa crisis económica que hace muchos años ha repercutido en todas las áreas y que, sobre todo en el caso de los alimentos envasados, se vino reflejando -con el tácito propósito de algunos fabricantes de no demostrar aumentos de precios- en el empequeñecimiento de los envases, en un fenómeno que ha sido gradual y que llamaría la atención si se pudiera comparar el tamaño anterior y el actual de los mismos productos.
Los especialistas remarcaron que los alimentos “en base a” no pueden hacer mal porque alguien los evaluó cuando fueron registrados. “No van a enfermar a quién los consuma, son versiones más económicas de otros productos y surgen en contextos en los que hay precios elevados de los alimentos y pérdida del poder adquisitivo; todo repercute en la calidad nutricional de la población”, dijo una nutricionista. La profesional agregó que en ese marco, el Estado debería regular el precio de esos alimentos y garantizar que son nutritivos y seguros.
De todos modos, si bien no se conocen estadísticas oficiales actualizadas, se calcula que en la Argentina ocurren unos dos millones de incidentes alimentarios por año.
Lo que también se encuentra en juego es la buena fe que debe existir entre fabricantes y consumidores de alimentos. Si se empieza por aceptar “disminuciones” de volumen, si se aceptan sin más las alteraciones de los productos, aún cuando sean inofensivas para la salud, se está frente a cuestiones de obvia sensibilidad social que no debieran ocurrir.
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