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Los jubilados nacionales y más concretamente los “beneficiarios” -las comillas en este caso son una definición- del Pami de La Plata sufren las consecuencias de sustanciales aumentos en el precio de los medicamentos, de modo tal que poder comprarlos se ha convertido en una tarea “casi titánica e inaccesible, de complejo acceso”, tal como expresan muchos pasivos de la Ciudad y la Región. La pérdida de cobertura gratuita ha sido grande.
Jubilados y pensionados de la Ciudad, además de la falta de gratuidad, debieron sufrir aumentos de precios en los medicamentos: un promedio del 240 por ciento, un número muy por encima del promedio de incrementos al público en general y de la inflación.
En un informe publicado en este diario se señaló que las explicaciones del fenómeno provienen del hecho de que a partir de marzo de 2024, PAMI permitió a los laboratorios aumentar mensualmente un 5 por ciento los precios a sus afiliados por sobre la inflación. Como si fuera poco, en noviembre del mismo año, se firmó con los laboratorios un nuevo convenio de provisión, permitiendo un incremento mensual variable en los precios, por sobre la inflación.
Así lo advirtió el Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR), que explicó en un informe: “La intención de la administración actual es eliminar este beneficio (‘precio de venta al público PAMI’ de ciertos medicamentos: un 20 y un 40 por ciento promedio por debajo del precio de venta al público en general), lo que significa un perjuicio para los jubilados”.
Jubilados y pensionados de la Región debieron enfrentar abruptos saltos en medicamentos, lo que provocó no sólo un gran impacto en su economía, sino también en su salud. En 2024 la caída en la compra de medicamentos recetados a través de PAMI fue del 22 por ciento: 3.700.000 envases de medicamentos que se dejaron de comprar, es decir, se habla aquí de tratamientos caídos.
Cabría recordar que hace algunos meses se expidió críticamente sobre este mismo problema la entidad de Defensa de Usuarios y Consumidores, que aludió al aumento sustancial en el precio de los medicamentos experimentado en esas jornadas.
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Se sabe que la salud es un bien inalienable y que, por consiguiente, resulta inimaginable que ningún habitante pueda verse privado de medicamentos. La salud es un bien prioritario, cuya atención integral debe encontrarse garantizada sin excusas. En este delicado caso, lo que está en juego es el derecho de toda la población a tener acceso a los medicamentos que necesite.
Así como se presentan situaciones críticas en los hospitales públicos, en donde, por ejemplo, se ha venido constatando la migración de profesionales y la falta de insumos médicos, en este caso corresponde que las autoridades -y en su caso los laboratorios y la industria farmacéutica- tomen conciencia, asuman la responsabilidad que les concierne y se busquen fórmulas, para que el mercado permita que la población pueda tener, disponibles y a precios razonables, los medicamentos que su estado de salud reclama.
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