ExAFIP: toda una trama política que apunta a la interna LLA-PRO

Detrás de la filtración de datos desde el Gobierno sobre una supuesta red de protección a empresarios kirchneristas dentro de la exAFIP subyace una trama política que incluye un capítulo más en la fuerte interna que cruza a la La Libertad Avanza (LLA) con el PRO, su hasta ahora aliado en el Congreso.

Un total de 51 personas, empresas y razones sociales asociadas al kirchnerismo fueron incluidos dentro de un listado de contribuyentes que revisten “interés público” y en el que según el gobierno actual sólo deberían figurar, por ejemplo, aquellos que han desempeñado cargos púbicos de alto rango, ya sea un presidente o ex presidente, ministros o ex ministros, o representantes de los poderes Legislativo o Judicial. Las excepciones a esa regla se consideran “discrecionales”.

La decisión de sumar gente a esa nómina, en la que sobresalen Cristóbal López, Lázaro Báez y Alejandro Vandenbroele, por citar sólo tres casos ligados a la corrupción del kirchnerismo, se tomó durante mayo de 2016. Gestión de Cambiemos. De acuerdo a informes internos dentro de la actual ARCA estuvo a cargo de Néstor Sosa, que fue subdirector general de auditoría interna en el ente recaudador en esa época. En aquel entonces la AFIP estaba a cargo de Alberto Abad, quien salió ayer al cruce de la información.

Enojado, aseguró que la acusación, que desliza la idea de cierta connivencia entre macrismo y kirchnerismo, es “un insulto” para quienes, como él, investigaron al kirchnerismo en circunstancias muy adversas. “Es falso, absolutamente falso”, dijo Abad. Y reveló que, cuando él llegó al organismo, “las bases de información de la AFIP estaban totalmente infiltradas, con abusos de todo tipo. Se vendía y se filtraba información, que después se usaba para operaciones”.

“Ordenamos proteger la información sensible sobre un abanico amplísimo de contribuyentes para que quedara registrado si algún funcionario o agente de la AFIP accedía a los datos de alguna de esas personas o empresas, y automáticamente se verificara si su acceso a esos datos estaba justificado o no”, explicó sobre la cuestión. Incluso dijo que la nómina es mucho más grande e incluye a deportistas, legisladores, jueces y famosos y que lo que se buscaba era que agentes de la ex AFIP no hurgaran sin autorización en la información protegida.

En efecto, así habría saltado el alerta que generó la información periodística. El 13 de diciembre pasado un agente intentó acceder a datos sensibles de Casino Club, empresa de Cristóbal López. A partir de allí se activó el protocolo que derivó en un alerta avisado por el sector de auditorías. A partir de eso habría sido que la gestión actual detectó que no sólo la compañía de López figuraba en la nómina sino otros 50 casos como mínimo.

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Sospechas

Ahí es donde surge la suspicacia política: la gestión libertaria sostiene que la inclusión de esos nombres no corresponde -y se explica según esa visión con la lógica de la protección- pero para las anteriores gestiones sí están bien incluidos por la exposición que tiene cada contribuyente, aun sin ser una persona expuesta políticamente.

“Si, por ejemplo, un inspector había accedido a los datos bajo secreto fiscal de un contribuyente que estaba en ese sistema y justificaba que había accedido porque había una orden de intervención o porque había una orden judicial, fenómeno. Pero si ese inspector, quizá de otra jurisdicción, no podía explicar por qué había accedido a esos datos, entonces se le abría un sumario”, explicó Abad sobre la lógica del sistema.

Abundó que además se abarcó a “políticos, empresarios, periodistas, deportistas, artistas y ricos y famosos cuyos datos bajo secreto fiscal podían resultar de interés para terceros ajenos al organismo que podían estar dispuestos a pagar por esa información”.

Dato: Abad y sus colaboradores recibieron varias denuncias de López, Báez y demás K por poner al día o eliminar viejos privilegios conseguidos en las gestiones kirchneristas. Los investigó la jueza María Servini y fueron sobreseídos o terminaron con falta de mérito dictada por la Cámara Federal.

La filtración de la lista de supuestos protegidos, y la presentación acaso distorsionada del dato, es interpretada dentro del macrismo como un pase de facturas del Gobierno, lo que se conoce como una “operación”, en medio de los constantes cortocircuitos que existen entre las dos fuerzas. Se sindicaría al joven asesor Santiago Caputo como el autor intelectual.