Negociaciones para postergar el debate del Presupuesto

El oficialismo de la Cámara de Diputados retomará mañana las negociaciones con los bloques dialoguistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita postergar la votación del Presupuesto 2026 hasta diciembre, cuando se desarrollen las sesiones extraordinarias.

La intención del Gobierno es extender el debate hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá la nueva composición de la Cámara. A partir de entonces, el oficialismo se convertirá en la primera minoría y, junto a sus aliados, alcanzará unos 115 diputados, lo que le permitiría aprobar las leyes con el apoyo de apenas 14 legisladores adicionales.

El oficialismo busca sumar respaldos para evitar que el martes próximo se emita dictamen en la Comisión de Presupuesto, según el emplazamiento aprobado el pasado 8 de octubre a instancias de la oposición.

Hasta ahora, los bloques impulsores de esa medida —Unión por la Patria, Democracia para Siempre (DPS), Encuentro Federal y la izquierda— adelantaron que intentarán reunir quórum para dictaminar y llevar el proyecto al recinto en la segunda quincena de noviembre.

Desde Encuentro Federal y DPS anticiparon además que promoverán un dictamen de minoría que mantenga el texto oficialista, pero incorporando las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan. Con esas modificaciones, el superávit fiscal se reduciría del 1,5% al 0,9% del PBI.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, encabezará mañana al mediodía una reunión con representantes de la UCR, PRO, Encuentro Federal e Innovación Federal, además de Democracia para Siempre.

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La UCR, el PRO e Innovación Federal respaldan la idea del Gobierno de debatir el Presupuesto durante las sesiones extraordinarias, aunque para garantizar la mayoría deberán sumar el apoyo de Encuentro Federal y DPS.

A ese encuentro podría sumarse también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien analiza junto a Benegas Lynch los pedidos de modificación de los legisladores. Según fuentes parlamentarias, se busca consensuar qué propuestas podrían incorporarse sin alterar el equilibrio fiscal.

Las conversaciones se desarrollan no solo en el Congreso sino también en la Casa Rosada, donde se mantienen diálogos con los gobernadores provinciales. El presidente Javier Milei pidió esta semana a los mandatarios su apoyo al Presupuesto y a las reformas laboral y tributaria que el Ejecutivo planea enviar en diciembre.

Compromiso con el equilibrio fiscal

Guberman reafirmó la línea de disciplina fiscal impulsada por el Ejecutivo: “La idea es mantener el compromiso asumido por el presidente desde diciembre de 2023 con el equilibrio fiscal, porque estamos convencidos de que ese es el camino ideal para darle las soluciones que los argentinos necesitan, algo que ha sido validado en la elección legislativa”, sostuvo el funcionario.

La Comisión de Presupuesto concluyó el jueves pasado la ronda de exposiciones ante los legisladores, con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y el propio Guberman.

También participaron el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; y funcionarios del Ministerio de Defensa.

Las proyecciones del Presupuesto 2026

El proyecto oficial prevé un crecimiento económico del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar a diciembre del próximo año.

Además, proyecta un incremento de las exportaciones del 10,6% y de las importaciones del 11%.

El total de gastos se estima en $148 billones, con ingresos por $148,2 billones, lo que arrojaría un superávit primario de $2,7 billones.

Según el texto, el 85% de los recursos estará destinado a gastos sociales, que incluyen salud, educación, planes sociales y jubilaciones.

A su vez, se prevén $8 billones para la administración gubernamental, $7 billones para defensa y seguridad, $106 billones para políticas sociales y $14 billones para el pago de la deuda pública.