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Carlos Barolo
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Los proyectos de Presupuesto 2026 y la ley fiscal que el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió a la Legislatura obtuvieron el martes pasado dictamen en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo no consiguió que la comisión —en la que tiene mayoría los legisladores del peronismo— emitiera la autorización al Poder Ejecutivo para tomar deuda por casi 3.000 millones de dólares. Para ello es necesario el voto de dos tercios de los presentes en la cámara, incluidos los bloques opositores. La incógnita está en la postura que asumirán los legisladores alineados con el sector Máximo Kirchner y Sergio Massa.
Por lo pronto, las declaraciones de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien se definió como “opositora responsable” —porque el Presupuesto no contempla una serie de obras solicitadas para su distrito— no ayudaron a despejar esas dudas. Al mismo tiempo, los legisladores de La Cámpora y Sergio Massa dejaron trascender que en algunos aspectos difieren del proyecto de Poder Ejecutivo.
Esta interna, donde se mezcla la gestión provincial con la disputa partidaria (el mandato de Kirchner al frente del PJ bonaerense vence en febrero), es explosiva y puede afectar seriamente la prestación eficiente de los servicios de salud, seguridad y educación, a la vez que la inversión en indispensables obras de infraestructura.
Durante la semana, el Gobernador insistió en que sin autorización para endeudarse no podrá otorgar aumentos salariales a los empleados públicos, ni enviar fondos extra coparticipables a los municipios, ni ejecutar obras, ni afrontar pagos de deuda externa.
El tema salarial fue planteado por el ministro de Trabajo, Walter Correa, a los gremios estatales que se reunieron con él esta semana. “Sin endeudamiento no habrá aumentos”, contó a EL DIA uno de los docentes presentes en la reunión del jueves. ¿Y el aguinaldo? “Puede estar en duda”, admitió.
Vale la pena recordar una vez más que la Provincia sufre la discriminación que surge de la Ley de Coparticipación impositiva, ya que en su territorio el Estado Nacional recauda casi el 40 por ciento del total de lo que obtiene, pero a los bonaerenses se les adjudica poco más de la mitad de lo que aportan.
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En materia de obras, el proyecto de Presupuesto 2026 —que ya tiene dictamen— detalla que, sobre un gasto estimado de 30.232 millones de dólares, solo 1.637 millones se destinan a la infraestructura. También en ese aspecto la Provincia depende del endeudamiento.
Fuerte presión política
La reunión del próximo martes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Juan Pablo de Jesús (un hombre de Martín Insaurralde), llegará atravesada por una fuerte presión política y con público en las gradas.
El Gobernador solicitó autorización para tomar 1.990 millones de dólares destinados a gastos del sector público y 1.045 millones para amortizar pasivos. A esos 3.035 millones se suman: 250 millones para financiar Aubasa y otros 250 millones para emitir letras de Tesorería.
El oficialismo sondeó a algunos intendentes opositores, que reclamaron que el 8% del endeudamiento de 1.990 millones sea de libre disponibilidad y no solo para obras, como establece el proyecto original.
Pero los contactos con los diputados opositores de la comisión fueron escasos. Uno de ellos aseguró a EL DIA que no recibió llamadas y que el martes votará en contra. “Si ellos no se ponen de acuerdo, que no nos involucren en su interna”, dijo otro legislador.
La suspensión de los aportes del Estado Nacional para obras de envergadura como las de la cuenca del Salado significan grandes pérdidas para los productores, para el Estado Provincial y en realidad para todo el país. Según Carbap, unas 2 millones de hectáreas siguen inundadas o anegadas, y durante el año se han visto afectadas por ese motivo casi 4 millones. Cuando la ministra de seguridad Patricia Bullrich visitó parte de la zona inundada, ante el requerimiento que le formularon todos los sectores de esa zona anunció que continuarían las obras, pero desde el gobierno de la provincia se afirmó que no hubo ningún contacto para que ello se convierta en realidad.
La recesión que afecta a la Argentina incide en el Gran buenos Aires más que en ninguna otra región del país. El deterioro económico, acompañado por la falta de recursos del estado provincial está reflejado en la caída del consumo que según Focus Market y CEPA, en julio fue del 11,7 por ciento menos que el año pasado y en septiembre las ventas bajaron 7,9% respecto del mes anterior. La crítica situación del Gran Buenos Aires puede determinar explosiones de descontento como ha ocurrido en el pasado en situaciones que no tenían la gravedad de la recesión de hoy.
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