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En una jornada que tuvo todos los condimentos de una telenovela política, la Cámara baja de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría recortar brutalmente la condena del expresidente Jair Bolsonaro, preso por más de 27 años por intentar un golpe de Estado. El texto ahora pasa al Senado, pero ya tiene un escollo declarado: Luiz Inácio Lula da Silva, quien avisó sin rodeos que, si llega a su escritorio, lo va a vetar.
El proyecto fue aprobado por 291 votos contra 148, y plantea reducir penas para todos los condenados por el asalto del 8 de enero de 2023, cuando seguidores bolsonaristas arrasaron las instituciones en Brasilia en un intento desesperado por desconocer la victoria electoral de Lula. En ese paquete entra, claro, el propio Bolsonaro, señalado por los jueces como el cerebro de la organización criminal que intentó derribar al gobierno recién asumido.
Según el autor de la propuesta, Paulinho da Força, la condena del exmandatario podría caer a apenas dos años y cuatro meses, una cifra irrisoria frente a los más de 27 años dictados por la Justicia. Pero el alivio judicial choca con un obstáculo gigante: el presidente Lula, que ya adelantó que bloqueará cualquier intento de suavizar la pena del líder ultraderechista.
La sesión fue un escándalo: gritos, forcejeos, invasión del estrado, interrupción de la transmisión oficial y hasta intervención de la policía legislativa. Todo estalló cuando el diputado izquierdista Glauber Braga ocupó la silla del presidente de la Cámara y se negó a abandonarla. Lo sacaron a la fuerza y el recinto quedó envuelto en un caos digno de un golpe de efecto político.
El proyecto busca combinar delitos y acelerar los regímenes de progresión de pena, permitiendo que los condenados salgan del encierro cerrado tras cumplir apenas una sexta parte de la condena.
La jugada no es técnicamente una amnistía —algo que Bolsonaro y su círculo reclaman hace meses— pero sí una reducción masiva de castigos que podría alterar todo el tablero político brasileño.
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El timing del escándalo no es casual. Hace menos de una semana, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, anunció que será candidato presidencial en 2026 y afirmó que fue el propio Jair quien lo “ungió” como sucesor. El movimiento cayó pésimo en sectores de la derecha que apuntan como heredero natural al gobernador paulista Tarcísio de Freitas, abriendo una guerra interna en el bolsonarismo.
Mientras tanto, Bolsonaro sigue preso en la sede de la Policía Federal en Brasilia desde el 22 de noviembre, luego de violar las condiciones de su arresto domiciliario. Su defensa ahora reclama autorización para hospitalizarlo entre cinco y siete días y presiona para devolverlo a la prisión domiciliaria. Nada parece suficiente para frenar el clima de suspenso político que atraviesa al gigante sudamericano.
En Brasil, nadie se anima a apostar cómo terminará esta batalla. Pero algo es seguro: el bolsonarismo sigue vivo, el lulismo no piensa ceder un centímetro y el país mira, otra vez, al borde del abismo institucional.
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