Violenta marcha de jubilados: por qué la jueza dejó en libertad a los detenidos

Una fuerte polémica se disparó luego de los incidentes del miércoles en el Congreso a partir de la decisión de la jueza Karina Andrade, a cargo del juzgado N°15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, de ordenar la liberación de 114 de los detenidos durante las manifestaciones. Fue apenas horas después de las capturas.

En el fallo, la jueza señaló que “a medida que se informaban las detenciones, la información se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial”. Es decir que, según lo detallado por ella, a lo largo de la noche del miércoles, mientras se iban realizando las detenciones de los manifestantes que destrozaron las inmediaciones del Congreso, “se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención”, además de que tampoco se informaba en relación a “qué delito específico se estaba convalidando la detención” ni el lugar donde serían alojados.

Conviene aclarar algo: en la Justicia porteña está vigente el sistema procesal acusatorio, que casualmente el Gobierno quiere poner en marcha a nivel federal en todo el país. En este sistema, el que manda es el fiscal y es también el que debe acercarle la prueba al juez, que oficia como un árbitro con la defensa.

En este caso, la fiscalía llevó como prueba las actas de detención elaborada por la Policía, pero nada más. Y con información parcial, que es lo que la magistrada explica: no se consignaban los lugres de detención, ni los motivos. En algunos casos tampoco la identidad de los detenidos. La jueza destacó que hasta las 22 horas tenía informadas 14 detenciones, cuando ya los detenidos sumaban un centenar.

Para Andrade las detenciones se dieron en el marco de lo que se dio a conocer públicamente como “Marcha por los Jubilados”, que se realiza en las inmediaciones del Congreso todos los días miércoles desde mediados de 2024. Es polémica la mirada porque, en rigor, estaba anunciado desde antes que, contrariamente a otras veces, en esta ocasión habría presencia de hinchadas de clubes de fútbol a modo de apoyo al reclamo, lo que se traduciría luego en un amplio abanico de antecedentes de los barras detenidos.

“DERECHO A LA PROTESTA”

Así, la jueza destacó la necesidad de “enmarcar el caso dentro de las exigencias constitucionales y convencionales”, dado que “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”.

Claramente Andrade se encargó de enfocar la marcha sólo en el universo del reclamo previsional, como si no hubiera habido presencias de otros sectores. “Los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art.75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores”, escribió. Y señaló: “La libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes”.

Por eso, la magistrada afirmó que quienes se “movilizan” en verdad “se expresan”. Y “deben poder hacerlo de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes” siempre que se efectúe en el marco de la legalidad. Por otro lado, también argumentó que por respeto a la libertad ambulatoria “cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad”.

En ese sentido, insistió con que “la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria”. Y le apuntó a la Policía que intervino en el operativo al señalar que esa situación se debió a “las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.

Básicamente por todo esto, ordenó la liberación inmediata de los detenidos, supuestamente sin perjuicio de la investigación que pueda realizar ahora la fiscalía para encontrar prueba que sostenga las acusaciones en su contra. La medida fue definida desde el gobierno nacional como un ejemplo de la famosa “puerta giratoria” de la Justicia.

Sobre Andrade -egresada en derecho de la UBA- dicen que llegó a su cargo impulsada por la sindicalista judicial ultra K Vanesa Siley y el exjefe de Gabinete de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, muy cercano a Cristina Kirchner. Está a cargo de su juzgado desde 2021 y en los últimos años ha fallado en causas de diversas índoles, que van desde cirugías estéticas con perjuicios para pacientes hasta apuestas ilegales, pasando por maltrato animal.

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