Arduas negociaciones y expectativa en el Concejo para regular los loteos

El Concejo Deliberante local buscará sancionar hoy el plan de ordenamiento territorial y regularización de loteos ilegales de Julio Alak. La propuesta, que hasta última hora incluyó modificaciones pedidas por la oposición, establece qué zonas de la Ciudad pueden urbanizarse y cuáles deben continuar siendo rurales. Pero, al mismo tiempo, aporta una solución a un grupo de barrios informales, mientras que deroga autorizaciones para desarrollos inmobiliarios que había realizado el Municipio durante la anterior gestión y que no tenían la aprobación provincial.

Se la denomina la “primera fase” del nuevo plan de ordenamiento urbano, en atención a una segunda etapa que se debatirá a mediados de año. Se la describe como “las bases para el desarrollo de la Ciudad en los próximos 50 años”. Y, con ese concepto, el oficialismo buscaba anoche que la votación de hoy sea unánime.

El proyecto que el Ejecutivo giró al Concejo cuenta con el aval de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial (Dpout), de la Autoridad del Agua y del ministerio de Ambiente, pero también el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial que integran universidades y colegios de profesionales locales.

Ayer la oposición incorporó una serie de modificaciones. Una de las emblemáticas: la distinción entre loteos “ilegales” e “irregulares”. La diferencia es clave si se tiene en cuenta que la ordenanza pretende regularizar barriadas cuyos trámites de autorización no pudieron ser completados, en el marco de un crecimiento desordenado de la Ciudad. A este grupo de loteos se los dividió en cuatro categorías, según su nivel de consolidación -con más de 20 viviendas o menos- y según la zona en la que están ubicados. Se estima que este grupo integra un total de 170 barrios, cuyos trámites se iniciaron entre 19 de diciembre de 2013 y el 9 de octubre de 2024.

El resto sí son considerados “ilegales”. Se trata de “más de 280 desarrollos que no podrán subdividirse”, dijeron ayer desde la Comuna al remarcar los procesos de ilegalidad denunciados por la actual gestión y por la que la justicia investiga una serie de delitos penales que alcanza al exintendente Julio Garro, funcionarios de su gabinete y empresarios locales de los rubros de la construcción y los bienes raíces. Una decena de los proyectos rechazados habían obtenido la habilitación municipal entre octubre y diciembre de 2023, en plena transición del gobierno local.

“Con esta ordenanza nos garantizamos que eso no vuelva a pasar. Porque fijamos criterios sólidos, multas precisas y prohibiciones de ventas de loteos que no se pueden escriturar”, dijo ayer el secretario de Planeamiento, Sergio Resa, al salir de la comisión del deliberativo que preside la peronista Cintia Mansilla.

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El cónclave para acordar un dictamen único duró hasta la noche, cuando se determinó un cuarto intermedio. Los concejales de Juntos por el Cambio-PRO ya habían anticipado su acompañamiento. Sin embargo, se buscaba lograr también el acuerdo de los radicales y los libertarios. “Más allá de que los votos están, aspiramos a lograr la unanimidad”, dijo el presidente del Concejo, Marcelo Galland, en diálogo con EL DIA.

La iniciativa fija límites para la construcción que, en la zona Norte, llegan a la calle 141 y en el Oeste, hasta la 516, para recortarse sobre la calle 173 hasta la avenida 90. Desde allí el límite llega hasta la intersección de la 22 y la 637. El resto, a pedido de la oposición, quedó catalogado en áreas de promoción industrial y florihortícola.

Los suelos inundables son, también, un punto marcado del proyecto. Se establecen zonas precisas de alto riesgo de anegamientos y se establecen requisitos de construcción estrictos para las de riesgo mediano.

Entre las modificaciones que la oposición le incluyó a la norma se destaca también la obligatoriedad de que el Ejecutivo elabore y proponga al Concejo Deliberante un plan de integración o localización de barrios carenciados y asentamientos, otro problema que afecta a casi toda la periferia platense.

En diálogo con EL DIA, Resa explicó ayer que la segunda etapa del plan de ordenamiento territorial contempla la creación de instrumentos de gestión, que permitirán, entre otras medidas, dar impulso al financiamiento de obras de planeamiento, como la infraestructura urbana, y los convenios de desarrollo por zona entre el sector público y el privado. “Las bases para esos objetivos las estamos sentando ahora”, dijo.

Con estas premisas, las conversaciones para la firma previa del dictamen que se traduzca en la votación en el recinto continuaban al cierre de esta edición.