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Con el nuevo piso, se consolida la caída del poder adquisitivo. Sin el bono de 70.000 pesos, no permite cubrir la Canasta Básica Total publicada por el Indec. Hace 9 años, la mínima representaba casi dos CBT
Jubilados marchan todos los miércoles hacia el Congreso en reclamo de un aumento de los haberes / NA
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eleconomista.com.ar
Actualmente, una jubilación mínima de la Anses no alcanza para cubrir una canasta básica total para adultos mayores publicada por el Indec. Solo complementando el haber mínimo ($296.481,75) con la liquidación del bono de $70.000 se coloca apenas por encima de la línea de pobreza. De seguir vigente la nueva movilidad jubilatoria establecida por el Decreto 274/2024, y ante la ausencia de un mecanismo de recomposición integral de los haberes, este será el poder adquisitivo real en el corto y mediano plazo para las jubilaciones mínimas, que perciben más de la mitad de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Por medio de la Resolución 211/2025 de Anses y el Decreto 298/2025 se establecen los nuevos valores de los haberes previsionales y la confirmación del pago del bono. La jubilación mínima de abril, que contempla la inflación de 3,7% de marzo y que se liquida este mes, quedó ubicada en $296.481,75 y asciende a $366.481,75 cuando se le suma el bono de $70.000. Solo esta combinación supera apenas a la Canasta Básica Total (CBT), que en marzo fue de $356.073. Se llega al caso de que si un jubilado solo consumiera una CBT, le sobrarían $10.408,75.
Este nivel de ingreso coloca a más de la mitad de los beneficiarios de Anses cerca de la línea de pobreza. Sin embargo, la CBT publicada por Indec no contempla ni refleja la totalidad de gastos ni consumo de bienes y servicios de una persona adulta mayor en Argentina.
Existe una referencia estadística un poco más cercana a la realidad de los jubilados y jubiladas. La Defensoría de la Tercera Edad de CABA produce un indicador más preciso sobre los tipos de consumos de los adultos mayores para evaluar el poder de compra real de los haberes jubilatorios. Precisamente, la canasta básica de jubilados elaborada por la Defensoría trepó a $1.200.523 para el período abril 2025. Esto significa que actualmente se requieren tres jubilaciones mínimas para alcanzarla. En otras palabras, la jubilación mínima más el bono representa 30% de la canasta de la tercera edad en mayo.
Entre 2016 y 2024, la relación entre la jubilación mínima y la CBT de un adulto mayor ha mostrado una tendencia descendente: la jubilación mínima tiene cada vez menos poder de compra real.
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Si se toma como punto de partida abril de 2016, puede observarse que la jubilación mínima representaba 1,8 veces la CBT de un adulto mayor, lo que indicaba que los ingresos de los jubilados eran suficientes para cubrir las necesidades básicas (casi alcanzaba a cubrir dos CBT), alejando a esta población de la línea general de pobreza.
Desde entonces, esa relación disminuyó de manera constante. Durante 2022 y 2023, el valor promedio se situó alrededor de 1,3 CBT por jubilación mínima. Y en febrero de 2024 se llegó a un mínimo de 0,6, lo que coincide con el haber más bajo liquidado desde el Poder Ejecutivo en los últimos 15 años. La jubilación mínima abonada en febrero de 2024 no alcanzó a cubrir la CBT, es decir que los adultos mayores que perciben la mínima se encontraron por debajo de la línea de pobreza.
Esta trayectoria que abarca desde 2016 hasta 2024 marca un deterioro significativo en el poder adquisitivo de los adultos mayores. De pasar a cubrir casi 2 canastas básicas totales en 2016, en menos de 10 años la jubilación mínima apenas cubre una CBT.
Otro dato para tener en cuenta es el promedio de este indicador por mandato presidencial. Durante el periodo de gobierno 2016-2019, el promedio de este indicador fue de 1,7, lo que implica que la jubilación mínima alcanzaba para cubrir casi dos canastas básicas. Luego, entre 2020-2023, este valor descendió a un promedio de 1,4, reflejando un deterioro en la capacidad de los haberes mínimos para acceder a servicios esenciales. A lo largo del tiempo, el cociente que había iniciado en 1,8 en abril de 2016 mantuvo cierta estabilidad hasta 2019, con valores cercanos a 1,5 y 1,6.
Sin embargo, a partir de 2020, especialmente desde 2022, y aun con la implementación de los bonos compensatorios, las jubilaciones mínimas no dejaron de perder poder adquisitivo. Entre 2020-2022, una jubilación mínima logró cubrir entre 1,2 y 1,3 CBT para adultos mayores.
Para abril de 2016, la jubilación mínima representaba 1,8 veces la CBT de un adulto mayor
La situación actual indica que la jubilación mínima no alcanza a tener los niveles que tenía en abril de 2016, ni siquiera con la ayuda de los bonos. Si bien la incorporación de este plus se traduce en una mejora relativa y circunstancial en ciertos periodos, la tendencia general del poder adquisitivo de los haberes mínimos es decreciente para las últimas cuatro gestiones de gobierno. Y aunque produce una mejora relativa en ciertos períodos, no logra frenar la tendencia decreciente en general. Menos aún cuando el monto liquidado en el bono permanece constante desde hace más de un año. Si se actualizara, el bono de $70.000 debería rondar los $150.000.
En los últimos 8 años, la jubilación mínima muestra una marcada caída del poder adquisitivo. En este contexto cobra relevancia el debate público sobre los distintos mecanismos de actualización de los haberes, que si bien buscan sostener el nivel de vida de las personas mayores, no lograron revertir el deterioro de los últimos 15 años.
El sistema previsional está atravesado por diversos problemas estructurales que afectan la estabilidad de los haberes y, por lo tanto, el nivel de vida de los adultos mayores. Se trata, básicamente, del déficit de financiamiento, la mayor demanda de protección social por parte de poblaciones vulnerables y la existencia de jubilaciones bajas en comparación con los ingresos percibidos durante la etapa laboral.
Además, hay que contemplar el doble desincentivo para aportar que genera el actual estado del sistema previsional: por parte de los trabajadores, debido a las escasas expectativas sobre el valor real de los haberes jubilatorios que recibirán en el futuro, y ante la falta de fiscalizaciones integrales, los empleadores tienden a no formalizar al trabajador contratado, lo que aumenta los puestos de informalidad en el mercado de trabajo.
En este contexto de inestabilidad económica y pérdida de poder adquisitivo de los ingresos previsionales, el desafío político debe orientarse al diseño e implementación de políticas públicas equitativas que garanticen un mecanismo de contribución y distribución justa de los recursos del sistema jubilatorio, contemplando la situación de las personas integradas efectivamente en el sistema. De ahí que las actualizaciones de los haberes deben estar alineadas con la realidad económica para asegurar un equilibrio entre la protección social, el sostenimiento de los niveles de vida de los adultos mayores y la sustentabilidad del sistema previsional.
El artículo fue publicado originalmente por El Auditor
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