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En una directiva secreta emitida a fines de enero pasado, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) habría ordenado “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local, según publicó ayer el diario La Nación en una nota firmada por el periodista platense Hugo Alconada Mon.
De acuerdo a esta información, la orden de la SIDE fue recabar toda la información de inteligencia posible sobre esos “actores” locales, a los que no identificó por sus nombres, y mandó enfocarse en sus “capacidades y motivaciones”, como también ahondar en el “impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la Nación”.
Firmada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, la directiva habría circulado por al menos una decena de despachos oficiales y habría abarcado también a “actores estatales” extranjeros que puedan implementar “tácticas” para “influir en el desarrollo político” de la Argentina. Entre otras, por medio de “ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos” locales.
Además, se apuntaría también a recopilar datos sobre todos aquellos “actores locales” que puedan representar un riesgo para el orden constitucional y la gobernabilidad, como así también determinar las eventuales “dinámicas” de “radicalización” de “grupos sociales vulnerables” a los no se identifica.
Esta y otras decenas de directivas secretas similares integran la primera fase de aplicación del llamado Plan de Inteligencia Nacional (PIN), cuyo contenido también reveló Alconada Mon y que podría abrir la puerta a eventuales tareas de espionaje interno contra periodistas, economistas y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o a sus funcionarios. Puntualmente esto fue luego desmentido por el Gobierno, y reafirmado por Alconada Mon, quien denunció amenazas e intentos de hackeo a su WhatsApp y redes sociales.
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