Se picó otra vez: ARBA advierte por la inseguridad jurídica

eperezfernandez@eldia.com

El destino tributario de los dólares del colchón o no declarados generó una nueva controversia entre el gobierno nacional de Javier Milei y el de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Axel Kicillof. Ayer, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) formalizó la convocatoria general a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la firma de un convenio de intercambio de información, vinculado al Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. La convocatoria llegó luego de que surgiera el primer cuestionamiento desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), ya que su titular, Cristian Girard, remarcó ante este diario la endeblez jurídica de los anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, además de calificar a la iniciativa como un “blanqueo encubierto”.

El director ejecutivo de ARBA expresó ante este medio que “si se pretende avanzar en este tipo de medidas, debe darse una discusión democrática en el Congreso y consensuarse con las provincias”, dado que “se trata de facultades delegadas en el régimen de coparticipación federal”.

“Impuestos como Ganancias e IVA son recaudados por ARCA, pero pertenecen a todas las jurisdicciones. Por eso, cualquier modificación requiere del aval legislativo y el acuerdo de las provincias. No puede implementarse vía decretos ni resoluciones administrativas”, explicó el titular del organismo recaudador bonaerense.

Pero en ARCA advirtieron que “aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA” de $50 millones.

En tanto, Girard remarcó que lo anunciado “carece de seguridad jurídica” y explicó que “no hay ley, ni marco normativo claro. Se habla de relajar controles, pero no se produjo ningún cambio concreto. Incluso referentes del ámbito contable, que no comulgan con nuestra visión política, coinciden en que no es aconsejable blanquear activos en un contexto de indefinición legal”.

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“Decimos lo que creemos necesario expresar con responsabilidad ante la sociedad, porque las decisiones fiscales deben tomarse con transparencia, legalidad y en el marco de un federalismo real. De lo contrario, se pone en riesgo la equidad tributaria y la sostenibilidad de las políticas públicas”, agregó Girard. Pese a eso, desde ARBA aclararon que “aún no fueron convocados” formalmente por ARCA y que sus objeciones no implican una negativa a suscribir el convenio.

Desde ARCA, el organismo encabezado por Juan Pazo adelantaron que “convocarán a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información”.

“El objetivo es garantizar las condiciones establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, preservando la información de los consumos personales como también el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones”, precisó ARCA en un comunicado.

Asimismo, advirtieron que “aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA” de $50 millones.

Pero desde ARBA insistieron en que “Consideramos que, si se pretende avanzar en este tipo de medidas, debe darse una discusión democrática en el Congreso de la Nación y consensuarse con las provincias, ya que se trata de facultades delegadas en el marco del régimen de coparticipación federal”.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron ayer en Casa Rosada dos reuniones por videoconferencia con 17 gobernadores para explicarles detalles del plan para fomentar el uso de los dólares que permanecen fuera del sistema, con el objetivo de que las provincias adhieran a esa medida.

Los mandatarios que participaron del Zoom fueron Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el ministro de Economía, Daniel Abad, en representación de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Leandro Zdero (Chaco) e Ignacio Torres (Chubut),entre otros.

“Carece de seguridad jurídica. No hay ley, ni marco normativo claro” (Girard)