El Gobierno disuelve el ProCreAr y transfiere los créditos al Banco Hipotecario

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario ProCreAr mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada el martes 10 de junio en el Boletín Oficial. La medida, que se implementará en todo el país, responde a lo establecido en el Decreto 1018/2024 del 12 de noviembre del año pasado y tiene como finalidad trasladar la administración de los créditos vigentes a un banco privado. En esta instancia, será el Banco Hipotecario S.A. el encargado de continuar con la gestión bajo las condiciones del contrato de fideicomiso original firmado en 2012.

La resolución faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial para implementar los mecanismos de liquidación y coordinar las acciones con el Banco Hipotecario, incluyendo la transferencia de los fondos recaudados a la Cuenta N° 2510/46 "Recaudación TGN", así como la eventual venta de carteras con baja recuperación.

El decreto base argumenta que el programa se había transformado en una “pesada carga para las cuentas públicas” y presentaba “dificultades para fiscalizar y controlar su ejecución”. Además, se sostiene que la financiación de viviendas corresponde al sistema bancario, sin justificar una intervención estatal directa.

El impacto de la medida genera incertidumbre, particularmente en la ciudad de Junín, donde hay 149 viviendas en diferentes etapas de finalización dentro del marco del programa. La concejal Francina Sierra (Unión por la Patria) expresó preocupación por el efecto que esto pueda tener en los beneficiarios: “Hay que estar muy alertas con esta definición y ver cómo impacta en quienes han tomado créditos”. Además, cuestionó que “es otra decisión en favor del plan sistemático de retirar y destruir el Estado”, considerando que “para que haya una verdadera regulación que tenga en cuenta los derechos adquiridos, lo que hace falta es más Estado”.

Desde una perspectiva opuesta, el concejal Mariano Spadano (Juntos) respaldó la disolución. Aseguró que “Procrear dejó de funcionar correctamente hace muchos años” y que “la falta de actualización de las cuotas en un contexto inflacionario llevó a que los beneficiarios terminaran pagando sumas insignificantes”. En su opinión, “la eliminación de Procrear no es una tragedia que deba lamentarse, sino más bien el cierre de un ciclo”.

La disolución del fondo se enmarca en lo previsto por la Ley N° 27.742, que declaró la emergencia pública y autorizó al Poder Ejecutivo a modificar o eliminar fideicomisos públicos para optimizar el funcionamiento estatal y reducir el gasto. El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la administración de los bienes del fondo, con posibilidad de transferir inmuebles a provincias, municipios u organismos nacionales, en coordinación con el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Las viviendas sin contratos activos pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios con el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas. Las obligaciones financieras pendientes se cancelarán con el recupero de los créditos o la venta de propiedades, siguiendo el orden de prelación establecido.

Finalmente, el tratamiento de causas judiciales relacionadas con el programa estará a cargo del área jurídica designada por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía, conforme al marco normativo vigente.