El injusto reparto de fondos que condena a todos los bonaerenses

La coparticipación federal de impuestos, pilar del financiamiento provincial en Argentina, evidencia una profunda inequidad al analizar cuánto recibe cada jurisdicción en relación con su población. La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, queda en clara desventaja: es la más perjudicada cuando se observan las transferencias per cápita, los porcentajes asignados y la brecha entre lo que representa demográficamente y lo que recibe del esquema vigente.

Según revela un informe de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación, en abril pasado el promedio nacional de distribución de impuestos coparticipables fue de $95.049 por habitante, pero la Provincia de Buenos Aires recibió apenas $77.622, muy por debajo del promedio y con una diferencia que se amplifica al contrastar con lo que se destina a otras provincias.

En el otro extremo, Tierra del Fuego recibió $269.594 por habitante, es decir, más de tres veces lo que se transfirió a la provincia bonaerense. La Ciudad de Buenos Aires (CABA) quedó en último lugar con $30.548 por habitante, aunque no forma parte del reparto general previsto por la ley 23.548, sancionada el 7 de enero de 1988 y promulgada el 22 de enero del mismo año, cuando aún el presidente de la Nación era Raúl Alfonsín. Luego siguieron Carlos Menem, Fernando de la Rúa -el interinato de 3 presidentes en un puñado de días a fines de 2001- Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. En ninguna administración se planteó una reforma de fondo a la Ley de Coparticipación, que ya cumplió 37 años.

La diferencia entre lo que recibe Buenos Aires y su peso poblacional es abrumadora: la provincia aloja a más del 38% de la población del país, pero su participación en la masa coparticipable es de solo el 19,93%. La brecha entre su población y los fondos que le asignan alcanza los -15,35 puntos porcentuales, la más alta del país. Córdoba, otra jurisdicción con peso económico importante, también aparece relegada, con una brecha negativa de 0,11 puntos. Mendoza muestra una diferencia negativa menor, mientras que CABA presenta una brecha de 4,62 puntos.

La Provincia de Buenos Aires aporta entre un 32% y un 35% del producto bruto nacional y el 39,7% de los recursos nacionales coparticipables, pero recibe apenas el 19,93% según cifras oficiales.

Por eso, en el reparto por coeficientes, Buenos Aires recibe menos del 20% de la masa coparticipable total, mientras que provincias como Chaco (5,18%), Formosa (3,78%) y Santiago del Estero (3,59%) acceden a porcentajes significativamente más altos en relación con su peso poblacional. Estas tres provincias, junto con Catamarca, La Rioja y San Juan, muestran una brecha positiva superior a un punto porcentual entre lo que reciben y la proporción de habitantes que representan en el país.

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En este marco, el régimen de coparticipación vigente determina que el 54,66% de la masa se distribuya entre las provincias, según coeficientes fijos que no se actualizan en función de la dinámica demográfica ni económica. En los hechos, esto congela las asimetrías y penaliza a las jurisdicciones que más crecen o producen. Por ejemplo, Formosa recibe un 91,9% de sus ingresos corrientes del Estado nacional, mientras que en Santiago del Estero el porcentaje alcanza el 88,8%, y en Chaco el 84,3%. En contraste, Buenos Aires depende en un 46% de las transferencias nacionales, cifra que revela una estructura fiscal más autónoma, pero que también señala una mayor exigencia financiera para sostener sus servicios y funciones básicas.

La situación se agrava cuando se considera la relación con el PBI. La Provincia de Buenos Aires es la mayor generadora de riqueza del país, pero no ve reflejado ese aporte en el flujo de recursos que recibe. Su desequilibrio se amplía no solo por la disparidad poblacional sino también por la falta de actualización del esquema distributivo. Las provincias más beneficiadas con el actual sistema son, en su mayoría, las del norte argentino, con menor densidad poblacional, menor producto bruto y alta dependencia del Estado nacional.

El sistema actual no contempla variables como el crecimiento demográfico, la demanda de infraestructura, la provisión de servicios o el peso de los “conurbanos”. De esta forma, la provincia que hoy administra Axel Kicillof debe afrontar con menos recursos obligaciones mucho más complejas: desde salud y educación para millones de habitantes hasta la seguridad en todo su territorio, en especial en la más que sensible sensible área metropolitana o Conurbano.

La inequidad se evidencia también en la distribución de tributos que no forman parte del régimen de coparticipación. Impuestos como el de Créditos y Débitos bancarios o los derechos de exportación quedan en manos del Gobierno Nacional y se asignan directamente al Tesoro o a programas específicos. Este diseño concentra recursos en la Nación y reduce aún más el margen fiscal de las provincias más relegadas.

Mientras tanto, el debate sobre una reforma integral del régimen de coparticipación permanece estancado. La necesidad de discutir un nuevo acuerdo que contemple criterios más equitativos entraría en la categoría de urgencia para corregir las distorsiones actuales. Pero por ahora, el esquema vigente sigue castigando a los bonaerenses, que aportan mucho más de lo que reciben, y beneficia a otras jurisdicciones cuya dependencia estructural del Estado nacional condiciona su autonomía, pero garantiza una mayor porción del reparto.