Cristina Kirchner siente que la Corte Suprema le bajará el martillo y va por los fueros o el relato de la proscripción

Por estas horas, el mundillo político está atravesado por una información candente: que en la semana que se inicia la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmará la condena a prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, ratificada en dos instancias previas, que pesa sobre la expresidenta Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Su “lugar en el mundo”, según sus propias palabras.

El máximo tribunal suele expedirse a mitad de semana.

Las versiones dicen que la culpabilidad será confirmada porque la Corte no puede ignorar que una veintena de magistrados judiciales -entre fiscales y jueces en etapas de instrucción, juicio oral y apelaciones- intervinieron en un proceso que se inició hace una década. Dato: muchos de esos funcionarios del Poder Judicial, acaso la mayoría, fueron nombrados durante los gobiernos kirchneristas.

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De acuerdo a fuentes del peronismo, la inminencia del fallo de los Supremos explicaría porqué Cristina confirmó su intención de postularse como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la Provincia (Sur del Conurbano) bastante tiempo antes de la fecha de cierre de presentación de las listas de postulantes, el próximo 19 de julio.

En efecto, es algo raro en ella en particular y en la historia del kirchnerismo en general, siempre proclive a jugar con los golpes de efecto de último momento.

Cristina anunció su pretensión el lunes 2 de junio pasado, en un programa de televisión amigo. Un mes y medio antes del plazo de cierre de las inscripciones de los candidatos para los comicios provinciales que se disputarán recién el 7 de septiembre.

La lectura que se hace en el “Mundo PJ” -y también en el PRO, la UCR y LLA- es que la dama confirmó en persona lo que se hablaba hace rato en el submundo de la militancia porque tenía el dato de que la Corte (tribunal que ella se quiso cargar impulsando un juicio político que no prosperó cuando era la titular del Senado como vicepresidenta de Alberto Fernández) avalaría lo dictado por las instancias inferiores antes de que ella pudiera inscribirse oficialmente como candidata a diputada provincial.

Así, se viene una de manual: si, en efecto, la Corte Suprema confirma esta semana su condena, el kirchnerismo duro hablará de que se trata de una decisión para proscribirla. Para no dejarla ser candidata por cuestiones políticas, ideológicas, y no por razones penales, como en efecto sucede.

Se tratará de la construcción de un nuevo relato, a analizar cuando llegue el caso.

LOS PLAZOS

El tema de los plazo en que se expida la Corte es importante.

Si la eventual ratificación saliera esta semana, Cristina será puesta a disposición de la Justicia para cumplir la condena que ya pesa sobre ella y que no se ejecuta porque, justamente, falta la última confirmación judicial.

Si la Corte fallara luego de la “dead line” de inscripción de candidaturas del 16 de julio, el debate se “empiojará” en términos son solo políticos sino también judiciales.

Es que media biblioteca judicial dice que las personas que se postulan empiezan a tener fueros de detención desde el día mismo en que son nominados como candidatos por la Justicia Electoral. O sea, no podría ir a prisión inmediatamente y quedaría, a futuro, el trámite para que la Cámara de Diputados de la Provincia vote su desafuero y, una vez obtenido, la Justicia pueda proceder sobre ella como con cualquier ciudadano sin inmunidad.

La segunda versión que circula en el mundo político basada en que Cristina se vio venir lo que podría pasar esta semana explica la actitud pro-activa que tuvo la expresidenta para facilitar un entendimiento con Axel Kicillof, con quien no se hablaba desde el año pasado. Se juntaron el jueves último para, teóricamente, avanzar en la unidad de un espacio en el que disputan liderazgo.

Es que Cristina buscaría, por necesidad imperiosa, una cohesión monolítica detrás de su eventual argumento proscripitvo. Traducido: necesita que todo el PJ recite que no la dejan ser candidata para que su tesis tenga algún tipo de efecto político real, de cara a las elecciones de este año.

Fuentes bien informadas contaron a este diario que el tema judicial fue una de las cuestiones medulares, sino la única, que se abordaron en la charla privada entre la expresidenta y el Gobernador. Al cabo de la cual se dijo oficialmente que sólo acordaron armar una mesa de delegados para negociar listas unificadas de candidatos en toda la Provincia.

Nunca se reconocerá en público pero se abrió un debate interno en el kicillofismo, grupo de gente enojado con Cristina debido a lo que definen como un “ninguneo” histórico hacia el Gobernador de parte de la dama y, sobre todo, de su hijo Máximo, titular del PJ bonaerense y jefe político real de medio gabinete provincial: si la Corte confirma su condena y ella va presa, ¿conviene salir a revivir el cuento del “law fare” o es más conveniente para Axel mantener cierta distancia? Debate no saldado en el Palacio de la calle 6, al menos hasta anoche.

La duración de la condena

El otro dato fuerte en toda esta saga es el plazo del castigo penal. Porque, hay que recordar, la Corte Suprema enfrenta dos opciones. Una: ratifica la condena a seis años de prisión que sacó el Tribunal Oral Federal Nº 2 en 2022. Dos: hace lugar al pedido de la fiscalía, avalado por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, de subir la penalidad a 12 años porque, según esa visión, debería adosarse la figura de asociación ilícita al delito cometido.

Encumbradas fuentes judiciales se inclinaban ayer por apostar a que el máximo tribunal, de amplia cintura política, se volcará por avalar lo que dispusieron los jueces del TOF 2. Porque lo creerían bien fundamentado, según la versión oficial que se oía en Tribunales. Pero porque, sobre todo, pretenden que el caso quede definitivamente cerrado en su capítulo argentino, más allá de que la defensa de Cristina -está cantado- apelará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de la persecución y de que no tuvo las debidas garantías en el proceso local.