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El recuerdo del ataque de los servicios secretos franceses contra el barco de Greenpeace en Nueva Zelanda
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El 10 de julio de 1985, en el puerto de Auckland, Nueva Zelanda, se produjo un atentado que marcó un antes y un después en la historia del activismo ambiental y en la relación entre los gobiernos y las organizaciones civiles. Esa noche, el Rainbow Warrior, el buque insignia de Greenpeace, fue hundido por explosivos colocados por agentes del servicio secreto francés (DGSE). El ataque causó la muerte del fotógrafo portugués Fernando Pereira y destapó una de las operaciones encubiertas más escandalosas de la Guerra Fría tardía.
Durante décadas, el Pacífico Sur fue escenario de pruebas nucleares de las potencias occidentales. Francia, en particular, había convertido los atolones de Mururoa y Fangataufa —en la Polinesia Francesa— en campos de ensayo desde los años 60. Aunque París sostenía que las explosiones eran "seguras", los pueblos del Pacífico y las organizaciones ambientalistas denunciaban los efectos devastadores sobre el medio ambiente, la salud y la soberanía regional.
Greenpeace, surgida en los años 70 con una fuerte impronta antinuclear y pacifista, se propuso interrumpir esos ensayos a través de la acción directa no violenta. El Rainbow Warrior, adquirido por la organización en 1978, se convirtió en un emblema flotante de esas luchas. En julio de 1985, el barco se preparaba para liderar una flotilla rumbo a Mururoa con el objetivo de protestar y documentar las pruebas atómicas.
La administración del presidente socialista François Mitterrand consideró que las acciones de Greenpeace podrían afectar la imagen y los intereses estratégicos de Francia. Por ello, ordenó a su servicio de inteligencia exterior (DGSE) ejecutar la Opération Satanique: una misión para inutilizar el Rainbow Warrior antes de que llegara al atolón.
La noche del 10 de julio, dos explosiones consecutivas —activadas por buzos de la DGSE— rompieron el casco del barco mientras estaba amarrado en el puerto de Auckland. El primer estallido buscaba dañar el motor; el segundo, asegurar el hundimiento. La tripulación logró evacuar, excepto el fotógrafo Fernando Pereira, quien murió ahogado tras regresar a la embarcación para recuperar su equipo.
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El ataque, en suelo neozelandés, representó una violación flagrante de la soberanía de ese país. En pocos días, la policía local arrestó a dos agentes franceses: Dominique Prieur y Alain Mafart, que se hacían pasar por turistas. La investigación reveló conexiones con pasaportes falsos, movimientos de otros comandos y complicidad diplomática.
Mientras Francia negaba su implicación, el gobierno de Nueva Zelanda, liderado por David Lange, sostenía pruebas firmes del involucramiento del Estado francés. La presión pública y mediática fue tan fuerte que, el 22 de septiembre de 1985, el primer ministro francés Laurent Fabius admitió públicamente: “Los agentes actuaron bajo órdenes”.
El caso desató una tormenta política en Francia. La renuncia del ministro de Defensa Charles Hernu y el descrédito temporal de la DGSE fueron algunos de los efectos inmediatos. Sin embargo, los responsables políticos de mayor rango no enfrentaron castigo alguno.
Los agentes detenidos fueron condenados a 10 años de prisión por homicidio involuntario en Nueva Zelanda, pero en 1986, tras un acuerdo con Francia mediado por la ONU, fueron transferidos a la isla de Hao, en la Polinesia Francesa, para cumplir arresto domiciliario. En menos de dos años, ambos habían sido repatriados discretamente.
El atentado reforzó el perfil público de Greenpeace, que pasó de ser vista como una organización “marginal” a convertirse en un actor internacional respetado. El Rainbow Warrior fue reemplazado por otro barco del mismo nombre en 1989, y en 2011 se botó una tercera versión del buque.
El ataque también marcó un hito para la política exterior de Nueva Zelanda, que a partir de entonces profundizó su política antinuclear, prohibiendo el ingreso de buques con armamento nuclear a sus puertos y distanciándose de sus antiguos aliados militares.
Cada 10 de julio, Greenpeace recuerda al Rainbow Warrior y a Fernando Pereira como símbolos del costo que puede tener la lucha ambiental. El barco hundido fue reflotado brevemente para la investigación judicial, y luego hundido nuevamente en una bahía neozelandesa, donde hoy sirve de arrecife artificial.
A 40 años del atentado, el episodio continúa siendo una advertencia: incluso los Estados democráticos pueden cruzar límites impensables cuando se sienten desafiados por movimientos que cuestionan sus intereses estratégicos. Pero también demuestra que la presión ciudadana y la verdad pueden imponerse, aunque sea tarde, a la maquinaria del poder.
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