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Las objeciones formuladas por referentes ambientales y brigadistas a la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo del Manejo del Fuego no parecieran ser inconsistentes y debieran merecer un nuevo análisis sobre este problema, en especial porque se pronostican para el próximo verano en nuestro país temperaturas muy elevadas.
Si bien se explicó que la medida oficial forma parte de una política de recorte del gasto público, quienes la cuestionan advierten que se anticipa un verano seco, con alto riesgo de incendios forestales, a la vez que otras fuentes señalaron que podrían ser mucho mayores los eventuales costos de estos incendios, que devastan miles de hectáreas de valiosa forestación y ponen en peligro las vidas y viviendas de muchos habitantes.
Tal como se informó en ediciones anteriores, el fondo disuelto, que se financiaba con aportes del Tesoro y un pequeño porcentaje de las primas de seguros, había llegado a recaudar en 2023 más de 22 mil millones de pesos. Y aunque una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectó irregularidades en su ejecución, este organismo nunca recomendó su eliminación, sino una reforma profunda para mejorar la transparencia y eficiencia.
“Si hay problemas de manejo, lo que hay que hacer es mejorar el fondo, no disolverlo”, opinó el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La preocupación central, compartida por brigadistas, es que al centralizarse los recursos en un fondo general del Ministerio de Seguridad, no haya claridad sobre su destino real ni se prioricen las acciones de prevención.
No debiera hacer falta poner de relieve los escasos recursos materiales con que se enfrentaron muchos de los grandes incendios en la zona boscosa del Sur, en las sierras cordobesas y en otros sitios del país. La falta de grandes aviones hidrantes es la principal falencia, en una situación que obliga a las distintas dotaciones de bomberos y brigadistas a luchar en desventaja contra grandes frentes de fuego.
Durante el verano 2024/2025, los incendios forestales en Argentina provocaron pérdidas millonarias en diversas provincias, con especial impacto en Córdoba, Río Negro y Chubut. Se registraron más de 90.000 hectáreas afectadas, incluyendo áreas productivas, bosques nativos y zonas cercanas a centros urbanos.
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Además de los daños ambientales y económicos -estimados en más de 25.000 millones de pesos por organismos provinciales-, se lamentaron víctimas humanas, evacuaciones forzadas y la destrucción de viviendas e infraestructura básica.
Nuestro país necesita no sólo aviones hidrantes eficaces, sino también equipos de brigadistas y bomberos dotados de equipos modernos, con suficientes recursos. La eventual pérdida de valiosos bosques, de vidas y cuantiosos bienes puestos en juego sobre todo en los veranos, reclaman que el país cuente con recursos presupuestarios -reservados en una cuenta específica- y que sean suficientes para enfrentar estas calamidades.
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